Redacción Bitácoras Políticas | Veracruz, Ver. | 02 Mar 2026
El Colectivo Solecito de Veracruz manifestó públicamente su respaldo a la titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAV), Namiko Matzumoto Benítez, en medio de inconformidades y solicitudes para su remoción derivadas de la aplicación estricta de los lineamientos legales para el otorgamiento de apoyos a víctimas.
La postura del colectivo surge tras el endurecimiento de los controles administrativos implementados por la actual administración de la CEEAV, que exige comprobación documental y cumplimiento de requisitos conforme al marco normativo vigente para la entrega de recursos públicos.
De acuerdo con información difundida en distintos espacios institucionales y sociales, en administraciones anteriores algunos apoyos se habrían entregado sin procesos completos de comprobación. La actual gestión sostiene que el fortalecimiento de la fiscalización busca garantizar transparencia, rendición de cuentas y uso correcto del presupuesto destinado a víctimas.
Estas medidas han generado inconformidad en ciertos sectores que consideran que los apoyos ya no fluyen con la misma dinámica que en el pasado. En ese contexto, han surgido solicitudes para separar del cargo a la titular de la Comisión.
El Colectivo Solecito fijó una posición clara: no respalda la remoción de Matzumoto Benítez y considera que su actuación se limita a aplicar lineamientos ya establecidos en la ley. En su pronunciamiento, el colectivo señaló que las instituciones deben consolidarse a partir del respeto al marco legal y no debilitarse por presiones externas.
Asimismo, sostuvo que si existen irregularidades —ya sea del pasado o del presente— corresponde a las autoridades competentes investigarlas y aplicar las sanciones previstas, con el fin de asegurar que los recursos públicos destinados a la atención integral de víctimas lleguen a quienes cumplen con los criterios establecidos.
La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas tiene como mandato brindar asesoría jurídica, acompañamiento psicológico y apoyos económicos a personas afectadas por delitos y violaciones a derechos humanos. Su operación se rige por la Ley General de Víctimas y la legislación estatal correspondiente, que establecen obligaciones de control y transparencia en el manejo presupuestal.
El debate no es menor. En un estado con altos índices de victimización y con colectivos de familiares que mantienen una participación activa en la agenda pública, cualquier modificación en los mecanismos de apoyo genera tensión entre la urgencia social y la exigencia de legalidad administrativa.
El posicionamiento del Colectivo Solecito introduce un matiz relevante en la discusión pública: respaldo a la aplicación estricta de la ley como condición para garantizar transparencia en la atención a víctimas.
El fondo del debate permanece abierto. La exigencia social de apoyos ágiles convive con la obligación institucional de rendir cuentas. La resolución de esa tensión marcará el rumbo inmediato de la política estatal de atención a víctimas en Veracruz.
