Redacción Bitácoras Políticas | Xalapa, Ver. | 30 Jul 2025
Representantes de la comunidad universitaria de la Universidad Veracruzana (UV) fueron recibidos este martes por el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Esteban Bautista Hernández, ante quien manifestaron su preocupación por lo que califican como una crisis de legalidad en el proceso de designación del nuevo rector o rectora de la institución.
Durante el encuentro, celebrado en el recinto legislativo local, participaron estudiantes, académicos, personal administrativo y egresados de la UV. La reunión fue solicitada para expresar, mediante documentos y argumentos jurídicos, el desacuerdo con la interpretación de la Ley Orgánica realizada por la Junta de Gobierno de la universidad, la cual, sostienen, excedió sus atribuciones al definir unilateralmente los términos del proceso rectoral.
Rafael Vela Martínez, uno de los voceros del grupo universitario, explicó que el Congreso tiene la facultad de emitir una interpretación auténtica de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, lo que permitiría corregir lo que consideran una desviación de procedimiento. “Hay una preocupación legítima por la forma en que se está conduciendo el proceso, sin participación ni transparencia”, señaló.
En respuesta, el diputado Esteban Bautista Hernández se comprometió a analizar a fondo la documentación presentada, revisar la legalidad del proceso rectoral y dar seguimiento puntual a las demandas, en coordinación con su equipo legislativo y jurídico.
Uno de los pronunciamientos más destacados fue el del Dr. Jorge Manzo Denes, investigador del Instituto de Investigaciones Cerebrales y aspirante a la rectoría, quien solicitó públicamente una nueva convocatoria. Denes cuestionó la legalidad de la decisión de la Junta de Gobierno y reiteró su intención de participar en un proceso que, dijo, “debe ser legítimo, abierto y transparente”.
El académico expresó su preocupación por la falta de claridad en las reglas del proceso, incluyendo el número de aspirantes permitidos y los criterios de evaluación. “Una universidad pública debe conducirse con apego a la legalidad, y sus autoridades deben surgir de procesos transparentes que respeten la participación plural”, enfatizó.
La comunidad universitaria, por su parte, reiteró que su interés es preservar la autonomía universitaria mediante un marco jurídico claro, que garantice la rendición de cuentas y el respeto a la legalidad. Solicitaron que el Congreso del Estado actúe como garante de ese marco, sin intervenir en decisiones internas, pero sí asegurando que se cumpla la ley.
Hasta el momento, la Junta de Gobierno de la UV no ha emitido una respuesta pública ante las solicitudes de revisión del proceso. Sin embargo, diversos sectores universitarios continúan demandando mayor apertura e información sobre los mecanismos que rigen la designación de la persona titular de la rectoría.
La Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, en su artículo 31, otorga a la Junta de Gobierno la facultad de designar al rector o rectora. No obstante, expertos jurídicos consultados han señalado que toda interpretación de dicho marco debe sujetarse al principio de legalidad, transparencia y rendición de cuentas, en consonancia con el artículo 1º constitucional y la Ley General de Educación Superior.
La intervención del Congreso en este caso, aunque limitada por la autonomía universitaria, podría sentar un precedente sobre los límites y alcances del control institucional en universidades públicas. Por ahora, la comunidad universitaria espera una respuesta clara y comprometida de las autoridades legislativas.
