Irineo Pérez Melo | Xalapa, Ver. | 17 Jul 2025
Después de 40 días en huelga de hambre y tres sin ingerir líquidos, Juan Ricardo Ordóñez Jerez fue retirado este lunes de su protesta en la avenida Juan de la Luz Enríquez por personal de Política Regional y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, sin que se le ofreciera una solución a las demandas que ha sostenido durante semanas. El manifestante, oriundo de Coatzacoalcos, llevaba dos días encadenado a un poste frente a la Plaza Lerdo antes de decidir bloquear la vialidad, en una acción desesperada por ser atendido por la gobernadora Rocío Nahle García.
Ordóñez Jerez había instalado su protesta junto con otro ciudadano que también denuncia un despojo de vivienda. Con cadenas enrolladas al cuerpo y sostenidas por bambalinas, obstruyó completamente el paso en el centro capitalino cerca del mediodía, coincidiendo con la hora de salida de cientos de trabajadores de dependencias estatales, lo que provocó un fuerte congestionamiento vial.
El manifestante explicó que su acción respondía a la falta de atención real por parte de los funcionarios del gobierno estatal: “No quieren hablar conmigo. Llevo 40 días sin comer y tres sin tomar agua. Llamé al 911 y me dijeron que era un capricho. Esto no es un capricho. Es una manifestación porque no me quieren atender”, declaró antes de ser retirado. También denunció burlas y comentarios discriminatorios por parte de servidores públicos, quienes, según su testimonio, se mofaron de su peso corporal.
Pese a mostrar signos visibles de desgaste físico, el manifestante se rehusó inicialmente a recibir atención médica. Personal de la Subdirección de Política Regional, encabezado por un funcionario que solo se identificó como Mayolo, acudió al sitio sin presentar una propuesta de solución y, de forma autoritaria, ejecutó el retiro de la protesta con apoyo de la SSP.
La intervención ocurrió alrededor de las 14:00 horas. Según testigos, la acción no fue acompañada de ninguna vía de conciliación y dejó en evidencia una omisión prolongada por parte del gobierno estatal, lo que incrementó el riesgo a la salud del manifestante y la seguridad de su familia. Ordóñez ha advertido que enfrenta amenazas de muerte relacionadas con denuncias previas contra el entorno del exdiputado Gonzalo Guízar Valladares.
La protesta y su abrupto desalojo ponen en el centro del debate el trato institucional a personas que recurren a métodos extremos para ser escuchadas, así como el compromiso del Estado con el respeto a los derechos humanos y la resolución efectiva de conflictos ciudadanos.
