Poza Rica, Ver. - Acusan a intendente de abandonar funciones para operar como “coyote” del ISSSTE con presunta protección del supervisor José Luis Guzmán /

Redacción Bitácoras Políticas | Poza Rica, Ver. | 10 Jul 2025

Padres de familia y miembros de la comunidad educativa de la zona escolar 123 de telesecundarias, con sede en Poza Rica, denunciaron presuntos actos de corrupción, desvío de funciones y encubrimiento por parte de autoridades escolares.

De acuerdo con testimonios documentados, Ricardo Hernández Gone, trabajador adscrito como intendente a la telesecundaria de la comunidad de Arroyo Florido, habría abandonado sus labores desde 2023 para dedicarse, de forma irregular, a la gestión de trámites en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), como gestor de medicamentos, citas médicas e incapacidades.

Las denuncias aseguran que este comportamiento ha sido solapado por el supervisor escolar de la zona, José Luis Guzmán, quien —lejos de sancionar la ausencia del trabajador— habría brindado protección al empleado para continuar en sus funciones sin asistir a su centro de trabajo.

La ausencia prolongada del intendente ha provocado afectaciones en la higiene y mantenimiento de las instalaciones escolares, situación que ha generado molestia entre los tutores, quienes advierten riesgos a la salud de las y los estudiantes.

“Desde hace más de un año no se presenta y las condiciones de limpieza en las aulas son deplorables. No entendemos cómo alguien puede seguir cobrando sin cumplir su función, y peor aún, con el respaldo de sus superiores”, expresó un padre de familia que solicitó el anonimato por temor a represalias.

Estas prácticas, apuntan las quejas, forman parte de un patrón más amplio de irregularidades que involucran a personal sindicalizado y autoridades educativas locales, quienes, aprovechando vacíos administrativos, desvían recursos humanos para tareas ajenas a la educación pública.

Hasta el momento, ni la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) ni la supervisión escolar han emitido posicionamiento oficial sobre las denuncias. Organizaciones civiles han comenzado a documentar el caso para presentarlo ante instancias de fiscalización y derechos humanos.

La comunidad escolar exige una investigación inmediata y transparente, así como sanciones administrativas para quienes resulten responsables, a fin de frenar la impunidad y garantizar condiciones dignas para el desarrollo educativo.