Xalapa, Ver. - El juez de distrito aceptó analizar la legalidad de la extensión del mandato de Martín Aguilar; el académico Rafael Vela alega violaciones constitucionales y llama a defender el estado de derecho en la Universidad Veracruzana /

Redacción Bitácoras Políticas | Xalapa, Ver. | 09 Jul 2025

Un juez de distrito admitió la demanda de amparo promovida por el académico Rafael Vela contra la prórroga otorgada por la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana (UV) al rector Martín Gerardo Aguilar Yunes. El recurso legal, presentado con fundamento en presuntas violaciones a la Constitución federal y estatal, busca garantizar el respeto al estado de derecho en el gobierno universitario.

De acuerdo con el promovente, la ampliación del periodo rectoral vulnera los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Veracruz. La demanda, ahora formalmente admitida por la autoridad judicial, abre un proceso en el que se evaluará la constitucionalidad del procedimiento seguido por la Junta de Gobierno para extender la gestión del actual rector.

Rafael Vela, quien ha ocupado cargos académicos y administrativos dentro de la misma institución, señaló que la acción no responde a intereses personales, sino a una defensa de los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas. “Es un llamado a que la comunidad universitaria defienda las normas que nos rigen. No se trata de nombres, sino de respetar las formas democráticas”, expresó en entrevista.

La prórroga del rectorado ha generado inquietud en distintos sectores de la UV. Académicos, estudiantes y personal administrativo han manifestado, de manera pública y en espacios internos, su preocupación por la falta de claridad en los procesos de designación y continuidad de las autoridades universitarias. Según testimonios recabados, se percibe un clima de incertidumbre y desconfianza respecto al actuar de la Junta de Gobierno.

Aunque la Universidad no ha emitido declaraciones oficiales más allá de un breve comunicado en el que afirma actuar “conforme a derecho”, la falta de posicionamiento sobre los argumentos jurídicos planteados ha sido interpretada por algunos sectores como una omisión que debe ser atendida.

La demanda de amparo será analizada en los próximos días por el juzgado correspondiente, que determinará si existen elementos para considerar inconstitucional la decisión de la Junta. En tanto, la comunidad universitaria ha iniciado debates y foros para discutir el modelo de gobernanza de la institución, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de participación y vigilancia interna.

Especialistas en derecho constitucional consultados por Bitácoras Políticas señalaron que este proceso podría sentar un precedente en el ámbito de la educación superior pública del país. “Si se determina que la prórroga es contraria a los principios legales, se abriría la puerta a revisar otros casos similares donde la autonomía universitaria podría estar siendo usada de forma discrecional”, advirtió un jurista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que pidió no ser citado por nombre.

El caso también ha sido bien recibido por grupos universitarios que promueven la democratización de las instituciones públicas. Una profesora de la Facultad de Derecho, quien solicitó anonimato, declaró: “El valor del doctor Vela no radica solo en la vía legal, sino en recordar que los universitarios tenemos la responsabilidad de exigir el cumplimiento de la ley dentro de nuestras propias casas de estudio”.

Por su parte, Vela reiteró que continuará el proceso con responsabilidad y apertura al diálogo. Hizo un llamado a la comunidad a mantenerse vigilante y a participar activamente en la defensa de los valores universitarios: “La Universidad Veracruzana debe ser un ejemplo de legalidad, no una excepción”.

Mientras el juicio avanza, las miradas estarán puestas en el Poder Judicial y en la respuesta institucional de la UV. La resolución podría redefinir la relación entre la autonomía universitaria y el cumplimiento de los marcos legales, en un momento en que la transparencia en la educación pública es exigida con mayor firmeza por la sociedad.