Poza Rica, Ver. - Héctor Ulises Orduña, quien obtuvo el cargo como juez mixto en el distrito 2, el INE analiza si procede retirarle el triunfo con base en la iniciativa 8 de 8 contra la violencia /

Redacción Bitácoras Políticas | Poza Rica, Ver. | 15 Jun 2025

Héctor Ulises Orduña, electo recientemente como juez mixto del distrito 2 en Veracruz, se encuentra en prisión preventiva tras ser imputado por el presunto delito de abuso sexual contra una menor de edad. La Fiscalía General del Estado lo acusó formalmente el pasado 6 de abril, y el Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra en espera de información oficial para determinar si procede retirarle el cargo, conforme al principio de no elegibilidad contenido en la iniciativa 8 de 8 contra la violencia.

Los hechos por los que se le investiga ocurrieron en 2021, al interior de una clínica, donde presuntamente el ahora juez electo realizó tocamientos lascivos a su sobrina adolescente. Aunque el proceso judicial aún no concluye y no existe una sentencia condenatoria, la medida cautelar de prisión preventiva fue dictada por un juez de control como parte del procedimiento penal en curso.

La elección de jueces fue organizada por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en coordinación con el INE. Orduña fue el segundo aspirante más votado para la especialidad mixta, lo cual le permitió acceder al cargo, pese a que las denuncias en su contra ya se encontraban en proceso de judicialización.

El principio constitucional de presunción de inocencia impide que se tomen sanciones definitivas antes de una sentencia. Sin embargo, el proyecto conocido como “8 de 8 contra la violencia” establece que ninguna persona imputada por delitos graves, entre ellos abuso sexual contra menores, puede acceder a cargos públicos. Ante esta situación, autoridades del INE señalaron que darán seguimiento al caso y actuarán conforme al marco legal vigente, una vez que reciban la documentación correspondiente de la Fiscalía veracruzana.

De acuerdo con fuentes oficiales, la investigación continúa abierta y se han recabado testimonios y peritajes en psicología forense para sustentar la acusación. La víctima, cuya identidad permanece reservada por razones legales, es representada por una asesora jurídica del sistema estatal de atención a víctimas.

Organizaciones civiles defensoras de derechos humanos han exigido que el caso se resuelva con perspectiva de infancia y género, así como una revisión del mecanismo de selección de jueces para evitar que personas con antecedentes penales o denuncias en curso accedan a puestos de responsabilidad jurisdiccional.

Hasta el cierre de esta edición, ni el imputado ni sus representantes legales habían emitido declaraciones públicas. El Consejo de la Judicatura del Estado, por su parte, informó que se mantendrá respetuoso de las decisiones del Poder Judicial y de las instancias federales electorales.

El caso pone a prueba la aplicación efectiva de los mecanismos legales diseñados para erradicar la violencia institucional y garantizar la idoneidad ética de quienes imparten justicia, en un contexto donde la confianza en el sistema judicial sigue siendo un reto para la ciudadanía.