04 de Febrero de 2026
 
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Ulúa operará como servicio público estatal para garantizar el derecho a la movilidad
Ante la suspensión parcial del transporte en Veracruz–B Boca del Río, el Gobierno del Estado mantiene tarifas, activa operación emergente gratuita y asume la prestación directa del servicio.

Veracruz, Ver. - Ante la suspensión parcial del transporte en Veracruz–B Boca del Río, el Gobierno del Estado mantiene tarifas, activa operación emergente gratuita y asume la prestación directa del servicio. /

Redacción Bitácoras Políticas | Veracruz, Ver. | 30 Ene 2026

La gobernadora Rocío Nahle García informó este viernes 30 de enero de 2026, desde Xalapa, que el Gobierno del Estado asumió medidas inmediatas para garantizar el derecho a la movilidad ante la suspensión parcial del transporte público en la zona conurbada Veracruz–Boca del Río. La decisión prioriza la continuidad del traslado de personas a centros de trabajo, estudio y actividades cotidianas.


La mandataria reiteró que no existe autorización para aumentar tarifas del transporte concesionado en la conurbación, donde el costo se mantiene en 9 pesos; precisó que solo en Xalapa está autorizado un ajuste a 12 pesos. En ese marco, explicó que el servicio Ulúa, conformado por unidades nuevas adquiridas con recursos públicos y con mejores condiciones de operación, tendrá una tarifa de 15 pesos una vez que el servicio se normalice.


Mientras persista el paro de algunos concesionarios, Ulúa opera de manera emergente y temporal sin costo, como medida de contención para evitar afectaciones a la población. En paralelo, el Gobierno del Estado determinó que Ulúa funcione directamente como servicio público estatal, complementario al que brindan los concesionarios que decidan continuar prestando el servicio.


Nahle García subrayó que la medida se adopta con respeto y diálogo hacia los prestadores del transporte; sin embargo, sostuvo que no se permitirá que decisiones unilaterales interrumpan un servicio esencial. Recordó que toda concesión implica responsabilidad social, ya que las rutas y vialidades son bienes públicos cuya operación debe responder al interés general.


Como parte de la estrategia, el Ejecutivo estatal abrió una convocatoria pública para contratar conductores, dirigida a mujeres y hombres, con capacitación y condiciones laborales dignas, orientadas a asegurar un trato respetuoso a las y los usuarios. La gobernadora afirmó que la administración actúa con mesura y firmeza, asumiendo la responsabilidad del Estado para ofrecer servicios públicos eficientes, modernos y seguros.


“El respeto es de ida y vuelta. Respetamos a los concesionarios, pero nuestra obligación principal es con la gente. El Estado debe asumir su papel y garantizar la movilidad de las y los veracruzanos”, concluyó.

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