

Redacción Bitácoras Políticas | Xalapa, Ver. | 08 Ene 2026
El incumplimiento reiterado del reglamento de tránsito por parte de automovilistas ha intensificado congestionamientos, riesgos para peatones y afectaciones a la movilidad urbana en la capital veracruzana, lo que ha motivado a sectores ciudadanos a exigir el reforzamiento de medidas de control y sanción por parte de Tránsito del Estado. La problemática se concentra en zonas de alta afluencia vehicular y peatonal, particularmente en el primer cuadro de la ciudad.
Desde el inicio de la administración estatal encabezada por la gobernadora Rocío Nahle García, los oficiales han mantenido presencia activa para hacer respetar la señalización, evitar estacionamientos indebidos y mejorar la circulación. La estrategia aplicada durante el primer año priorizó la concientización: diálogo directo, uso de parlantes, espera del conductor y exhortos respetuosos para retirar vehículos de zonas prohibidas.
Sin embargo, autoridades y ciudadanía coinciden en que dichas acciones resultan insuficientes. Pese a la señalización visible, persiste el estacionamiento en rampas para personas con discapacidad, zonas de ascenso y descenso, pasos peatonales, áreas restringidas y en doble fila, conductas que obstaculizan la circulación y elevan el riesgo de accidentes.
La situación es especialmente crítica en el centro de la ciudad, donde se registran embotellamientos diarios derivados del incumplimiento de la normativa. Un punto señalado de manera recurrente es la calle Bremón, donde, a pesar de la presencia permanente de la autoridad y de la indicación expresa de “No estacionarse”, conductores continúan ocupando el espacio, generando cuellos de botella y conflictos viales.
Especialistas en movilidad urbana advierten que la ausencia de consecuencias efectivas propicia la reincidencia, debilita la autoridad y normaliza el incumplimiento. En este contexto, diversos sectores consideran necesario transitar de la política de exhorto a la aplicación estricta de las sanciones previstas en la normatividad vigente.
Las autoridades estatales han reiterado que el objetivo de las sanciones no es recaudatorio, sino preventivo y correctivo, orientado a recuperar el orden vial, proteger a peatones y personas con discapacidad, y garantizar una circulación segura para automovilistas. La correcta aplicación del reglamento, subrayan, es clave para mejorar la movilidad y la seguridad en la capital.
La problemática evidencia un reto estructural de cultura vial que exige corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanía. Mientras la señalización y la presencia de Tránsito se mantienen, el llamado es a reforzar el cumplimiento de la ley como condición indispensable para una ciudad más ordenada, segura y funcional.