Xalapa, Ver. - Un marco legal federal y estatal obliga a prevenir, atender y sancionar las agresiones contra mujeres, con sistemas institucionales y mecanismos de protección vigentes. /

Redacción Bitácoras Políticas | Xalapa, Ver. | 08 Mar 2026

México cuenta con un marco jurídico específico para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, integrado por leyes federales y estatales que obligan a autoridades de los tres niveles de gobierno a garantizar su protección. En Veracruz, esta estructura legal se articula con normas locales, instituciones especializadas y medidas extraordinarias como la Alerta de Violencia de Género, vigente en la entidad desde 2016.

La legislación establece responsabilidades para prevenir, atender y erradicar distintas formas de violencia —psicológica, física, sexual, económica y patrimonial—, además de otras modalidades identificadas en los últimos años, como la violencia política, digital o mediática.

El eje central de la protección jurídica es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, promulgada en 2007 y recientemente reformada en enero de 2026. Esta norma reglamenta el artículo 4º constitucional y establece que el Estado mexicano debe garantizar condiciones para que las mujeres vivan libres de violencia en todos los ámbitos.

La ley define distintos tipos de agresión —psicológica, física, sexual, patrimonial, económica, obstétrica y vicaria— y establece mecanismos institucionales para combatirlas. Entre ellos destaca el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres, encargado de coordinar políticas públicas entre dependencias federales, estatales y municipales.

La normativa también contempla herramientas de protección inmediata para las víctimas, como el Registro Nacional de Órdenes de Protección y la operación de Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM), espacios donde se ofrece atención integral jurídica, médica y psicológica.

Dentro del mismo marco federal se encuentran otras leyes complementarias. La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas establece sanciones contra la explotación sexual, laboral o de servidumbre, con agravantes cuando las víctimas son mujeres.

Por su parte, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación prohíbe actos discriminatorios basados en género y busca eliminar estereotipos que perpetúan desigualdades estructurales.

En el ámbito local, Veracruz cuenta con la Ley Número 235 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en 2008 y reformada en diversas ocasiones. Esta norma establece obligaciones específicas para las autoridades estatales y municipales, con el objetivo de garantizar protección efectiva a las víctimas.

La legislación creó el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, coordinado por la Secretaría de Gobierno y el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM). Entre sus responsabilidades se encuentran la implementación de políticas públicas con perspectiva de género, la promoción de campañas de prevención y el fortalecimiento de mecanismos de atención.

El marco normativo también contempla órdenes de protección, refugios para víctimas, programas de reeducación para agresores y estrategias de coordinación entre dependencias estatales y municipales. El reglamento de la ley establece además medidas para evitar que usos o costumbres vulneren los derechos de mujeres, particularmente en comunidades indígenas.

Otra norma relevante es la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Veracruz, que busca garantizar condiciones equitativas en ámbitos como el empleo, la educación y la participación política.

La política pública en materia de género en Veracruz se articula a través de varias instancias. El Instituto Veracruzano de las Mujeres es responsable de coordinar programas de atención, prevención y capacitación institucional.

Además, la entidad cuenta con Centros de Justicia para las Mujeres, que ofrecen asesoría legal, acompañamiento psicológico y servicios médicos a víctimas de violencia. Estos centros operan bajo el modelo de atención integral impulsado por el gobierno federal.

Otro mecanismo clave es la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). Veracruz mantiene dos declaratorias activas: una por violencia feminicida desde noviembre de 2016 y otra por agravio comparado desde diciembre de 2017. Estas alertas obligan a las autoridades a implementar acciones urgentes de prevención, seguridad y acceso a la justicia.

Las leyes establecen obligaciones claras para el Estado mexicano y sus entidades federativas. También exigen que los gobiernos asignen recursos, diseñen políticas públicas y coordinen instituciones para enfrentar la violencia de género.

Especialistas en derechos humanos señalan que la existencia de normas y mecanismos institucionales constituye un avance en materia legal. No obstante, advierten que la eficacia de estas herramientas depende de su aplicación efectiva, del acceso real a la justicia para las víctimas y de la capacidad de las instituciones para garantizar atención oportuna y digna.

En el contexto del Día Internacional de las Mujeres, el marco jurídico vigente coloca el tema de la violencia de género en el centro de la agenda pública. Las leyes existen. El desafío sigue siendo que sus disposiciones se traduzcan en protección real para millones de mujeres en el país y en estados como Veracruz.