Xalapa, Ver. - Empresas del Grupo Pertenezco obtuvieron recursos públicos en 2017 y 2018; la trayectoria judicial del exgobernador y el reciente cierre del caso contra Karime Macías reavivan el debate sobre impunidad en Veracruz. / Redes Sociales

Redacción Bitácoras Políticas | Xalapa, Ver. | 08 Dic 2025

Dos empresas vinculadas al Grupo Empresarial Pertenezco, del cual es accionista el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, recibieron contratos públicos por casi 20 millones de pesos mientras él permanecía recluido por delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Las adjudicaciones ocurrieron en 2017 y 2018, años en los que Duarte ya se encontraba detenido y posteriormente sentenciado. La información fue confirmada mediante registros oficiales de compras gubernamentales.

Las empresas favorecidas fueron Grupo Universal de Construcción —que obtuvo contratos de obra pública por casi ocho millones de pesos en 2017 y más de once millones en 2018— y Sociedad Editora Arroniz, beneficiada con adjudicaciones de publicidad oficial por más de 960 mil pesos en 2017. Ambas forman parte del consorcio integrado por casi 60 socios y encabezado por Juan Miguel Bueno Ross, empresario veracruzano y directivo de 3M Manufacturera.

Javier Duarte gobernó Veracruz entre 2010 y 2016, pero dejó el cargo tras la apertura de investigaciones federales y estatales por desvíos de recursos. Tras ser declarado prófugo, la Interpol emitió una ficha roja y las autoridades mexicanas rastrearon sus movimientos hasta Guatemala. Fue detenido el 15 de abril de 2017 en Panajachel, extraditado a México y recluido en el Reclusorio Norte.

En 2018 recibió una pena de nueve años por lavado de dinero y asociación delictuosa. A pesar de ello, empresas del consorcio donde mantiene acciones continuaron recibiendo recursos públicos. En noviembre de 2024, otro integrante del grupo, el Grupo Empresarial Porres, firmó un convenio de colaboración con la Universidad Veracruzana.

El pasado 21 de noviembre, una jueza federal negó la libertad anticipada solicitada por Duarte al determinar que no cumplía con los requisitos legales, debido a procesos pendientes como la impugnación promovida por la Fiscalía de Veracruz en el caso de desaparición forzada. Deberá permanecer en prisión, al menos, hasta abril de 2026.

Parte del consorcio es también Sociedad Editora Arroniz, antigua propietaria del periódico El Mundo de Orizaba, que cerró en 2022. La empresa ha acumulado créditos fiscales en Veracruz y figura en registros de Compras MX, donde aparece una adjudicación directa del municipio de Tehuacán, Puebla, por poco más de seis mil pesos.

Paralela a la situación judicial de Duarte, su esposa, Karime Macías, ha transitado un camino propio. Originaria de Coatzacoalcos y expresidenta del DIF estatal, su figura se volvió controversial tras la difusión de libretas con frases asociadas al aprovechamiento del poder, como “Sí, merezco abundancia”. Fue señalada por presuntos desvíos vinculados al DIF estatal y su extradición desde Reino Unido fue solicitada en 2018 por un presunto fraude superior a 114 millones de pesos.

Tras años de litigio, Macías fue absuelta en 2025, lo que cerró el proceso en su contra. Su liberación ha sido interpretada como parte de un reacomodo judicial coincidente con los intentos de Duarte por acceder a beneficios penitenciarios.

La eventual liberación del exgobernador —sumada a la absolución de Macías— ha revivido cuestionamientos sobre la eficacia del sistema de justicia y la responsabilidad política del PRI en uno de los periodos más complejos para Veracruz, marcado por endeudamiento, corrupción y violencia.

Aunque se desconoce el paradero actual de Macías, su nombre continúa asociado a la red de presuntos desvíos del duartismo. El posible regreso de Duarte a la vida pública, una vez cumplida su sentencia, podría profundizar la percepción social de impunidad que ha acompañado al caso durante casi una década.

El capítulo Duarte-Macías permanece abierto en el imaginario colectivo de Veracruz: un recordatorio de cómo los entramados político-empresariales pueden subsistir incluso más allá de los tribunales.