Xalapa, Ver. - La sesión se realizó con escasa asistencia de diputadas y diputados y entre cuestionamientos por manejo de emergencias, control de información y trato a una ex trabajadora de RTV /

Redacción Bitácoras Políticas | Xalapa, Ver. | 28 Nov 2025

La Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) del Gobierno de Veracruz, encabezada por Rodolfo Bouzas Medina, compareció ante la LXVII Legislatura como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno de Rocío Nahle García, en una sesión marcada por dos hechos centrales: la ausencia de la glosa enviada con anticipación al Congreso, como prevé la normatividad interna, y el uso del término “gobernanta” para referirse a la titular del Ejecutivo, lo que abrió cuestionamientos sobre su criterio en el manejo del lenguaje institucional y de género.

La comparecencia se desarrolló con la presencia parcial de diputadas y diputados: no acudieron legisladores de PAN, PT ni del grupo “Veracruz nos Une”, y más de la mitad de la bancada de Morena estuvo ausente, lo que redujo el ejercicio de control parlamentario a una sola ronda de preguntas, con apenas tres intervenciones. En ese marco, se señalaron omisiones de procedimiento, se discutió la respuesta comunicacional del gobierno ante las inundaciones en el norte del estado y se revisó el caso de la ex trabajadora de RTV Arlette Barradas Padilla.

De acuerdo con el artículo 154 aplicable a las comparecencias ante comisiones, el funcionario debe remitir el texto inicial de su intervención en formato digital al menos 48 horas antes, para que sea distribuido a todas las diputaciones 36 horas previas a la sesión. Bouzas acudió sin haber enviado ese documento, lo que fue señalado como una falta al procedimiento legislativo y una vulneración a las reglas de transparencia del propio Congreso.

La omisión impidió que las y los legisladores contaran con el informe por escrito con antelación, reduciendo su margen para preparar cuestionamientos de fondo y revisar datos, lo que limita el alcance del ejercicio de rendición de cuentas. En términos prácticos, la comparecencia se apoyó casi exclusivamente en la exposición oral del coordinador y en las cifras que él mismo fue desglosando durante la sesión.

Durante su intervención, Bouzas se refirió a Rocío Nahle como “gobernanta”. El término, en su uso más extendido en español, designa a la mujer encargada del servicio de limpieza y administración en hoteles, residencias o casas particulares. En este contexto, su empleo dentro de una comparecencia oficial para aludir a la titular del Ejecutivo fue interpretado como un uso inadecuado del lenguaje institucional.

Aunque el coordinador afirmó que en Veracruz “se respeta a la gobernadora” y defendió la gestión de Nahle, el contraste entre el discurso de inclusión y el uso de un término asociado a labores domésticas abrió dudas sobre la sensibilidad de género en la cabeza del área encargada de la comunicación del gobierno. Especialistas consultados en materia de lenguaje señalan que, en cargos públicos, el término reconocido es “gobernadora”, y que el uso de expresiones que remiten a roles tradicionales puede perpetuar estereotipos y enviar mensajes contradictorios respecto a la igualdad entre mujeres y hombres.

Uno de los puntos más cuestionados fue la actuación de Comunicación Social durante la emergencia por las lluvias e inundaciones recientes en la zona norte del estado. Bouzas sostuvo que la CGCS difundió 33 comunicados, 76 líneas informativas, 22 versiones estenográficas, cápsulas, entrevistas y 84 productos audiovisuales, además de coordinar más de 1,800 publicaciones en plataformas digitales, que —afirmó— alcanzaron más de 42 millones de visualizaciones.

Sin embargo, diputadas y diputados señalaron que, en los hechos, la población afectada reportó falta de información oportuna sobre refugios, apoyos y medidas de prevención, así como desorden en los mensajes oficiales. La brecha entre los números presentados por la coordinación y la percepción ciudadana plantea el riesgo de que la estrategia privilegie la producción de contenidos y métricas digitales por encima de la claridad y utilidad social de la información en situaciones de emergencia.

En respuesta a cuestionamientos sobre la ex trabajadora de RTV, Arlette Barradas Padilla, quien denunció públicamente presunta censura y represalias, Bouzas indicó que la ex funcionaria “causó baja por afectaciones en la confianza” y que el material al que ella aludió “no forma parte del registro oficial” de contenidos de la televisora estatal.

Colectivos de periodistas y observadores de libertad de expresión han advertido que este tipo de respuestas pueden interpretarse como revictimización cuando, ante una denuncia pública, la autoridad se centra en desacreditar la trayectoria o la confianza en la persona denunciante, en lugar de transparentar los procesos internos y garantizar su derecho de defensa. Durante la comparecencia, el coordinador señaló que la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) está al tanto del caso y que la CGCS mantiene disposición para entregar la información que le sea requerida.

Otro tema abordado fue la presunta prohibición a secretarias y secretarios de despacho para ofrecer entrevistas sin el aval previo de Comunicación Social. Bouzas negó la existencia de una “veda” de declaraciones y sostuvo que cada titular “ejerce su libertad de informar de manera diaria” mediante comunicados, entrevistas y redes sociales institucionales o personales, bajo un protocolo de coordinación a través de los enlaces de comunicación.

No obstante, reporteros y enlaces han señalado de manera reiterada que la CGCS centraliza la autorización de publicaciones y entrevistas, lo que, de confirmarse, implicaría un control excesivo sobre la expresión pública de las dependencias y reduciría la pluralidad de voces en el propio gobierno. La falta de lineamientos escritos y públicos sobre estos protocolos alimenta la percepción de discrecionalidad en el manejo de la información.

La comparecencia se desarrolló con la ausencia de legisladores de varias bancadas y la participación limitada a una sola ronda de preguntas. Ello redujo la posibilidad de profundizar en temas sensibles como contratación de pautas publicitarias, criterios de asignación a medios, uso de inteligencia artificial en contenidos oficiales y el impacto de la campaña “Veracruz está de moda” en contraste con las brechas de información en regiones rurales.

Desde la perspectiva parlamentaria, la baja asistencia y el formato acotado envían un mensaje de desinterés o de baja prioridad respecto al escrutinio de la política de comunicación del Estado, pese a que se trata de un área clave para la transparencia, la protección de derechos y la respuesta en situaciones de crisis.

En su mensaje final, Bouzas defendió que la comunicación del gobierno de Veracruz es “humana, directa, responsable” y reiteró que “para que le vaya bien a Veracruz, hay que hablar bien de Veracruz”. Reivindicó los indicadores de alcance en redes sociales, las campañas traducidas a lenguas indígenas y la cobertura de eventos masivos como Cumbre Tajín, Salsa Fest y Festival del Mar como muestra de una estrategia exitosa.

Sin embargo, las inconsistencias procedimentales de la propia comparecencia, el uso del término “gobernanta”, las dudas sobre la respuesta en contingencias y el manejo del caso de una ex trabajadora de RTV dejan abiertos flancos de riesgo en materia de legalidad, respeto a la igualdad de género, libertad de expresión y confianza pública. Corresponderá al Congreso, a los organismos especializados y a la sociedad civil dar seguimiento a estos puntos para que la comunicación institucional no se limite a difundir logros, sino que cumpla su función central de garantizar el derecho de la ciudadanía a estar informada de manera plena, veraz y oportuna.