

Redacción Bitácoras Políticas | Xalapa, Ver. | 26 Nov 2025
La diputada y el diputado de Movimiento Ciudadano (MC) cuestionaron al titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), Rodrigo Calderón Salas, sobre los resultados reales de los programas al campo veracruzano, la atención a productores afectados por inundaciones en el norte, el combate al coyotaje y la transparencia en el uso del presupuesto. Fue durante la comparecencia del funcionario ante la Comisión de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal de la LXVII Legislatura, realizada en el Congreso del Estado en Xalapa.
En dos rondas de preguntas, la diputada María Elena Córdova Molina y el diputado Adrián Sigfrido Ávila Estrada plantearon dudas sobre los beneficios concretos para citricultores, cafeticultores, ganaderos y pescadores; la estrategia contra el gusano barrenador; la situación de los programas observados por instancias de fiscalización; así como los criterios para que los apoyos lleguen a pequeños productores y a municipios con mayor marginación.
En su primera intervención, la diputada María Elena Córdova recordó que el titular de Sedarpa “viene de Martínez de la Torre, capital citrícola” y pidió precisar qué beneficios concretos obtuvo Veracruz tras la visita del embajador de Kuwait al sector citrícola: cuántos productores accedieron a créditos, equipamiento, apoyo técnico y cuál fue el monto total de la inversión vinculada a ese acercamiento.
Planteó también que el coyotaje sigue “hundiendo los precios” de cítricos y reduciendo el margen de ganancia de pequeños productores. Por ello, preguntó qué acciones específicas ha emprendido la Sedarpa para combatir la intermediación abusiva, cuántas inspecciones se han realizado en centros de acopio, cuántas sanciones se han impuesto y si existe un proyecto de política estatal de comercialización justa.
La legisladora solicitó, además, información sobre las afectaciones por las inundaciones recientes en el norte del estado: si ya existe un censo completo de hectáreas siniestradas y productores dañados, qué tipo de apoyos reciben (insumos, créditos a la palabra, condonación de adeudos o recursos directos) y cuántas cabezas de ganado se perdieron en esa región. Preguntó si habrá seguros agrícolas catastróficos o esquemas extraordinarios que garanticen la recuperación económica de las familias.
Córdova Molina subrayó que el gusano barrenador es uno de los temas “más delicados” para el sector ganadero y solicitó datos sobre el número de inspecciones realizadas desde el primer caso detectado, la coordinación concreta con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y el alcance real de la estrategia basada en la liberación de mosca estéril producida en Texas y Chiapas.
Preguntó también cuántas Unidades de Desarrollo Agropecuario Integral se han instalado en este primer año, cuántas personas participan, cuánto cuesta operar cada unidad y qué resultados han dado en producción y comercialización.
En el caso del café, que definió como “orgullo y una de las cadenas más golpeadas”, la diputada pidió precisar qué acciones concretas ha realizado la Sedarpa para apoyar a cafeticultores ante los precios bajos y la ausencia de precios de garantía. Desde la Dirección de Agronegocios, solicitó el detalle de programas, ferias o proyectos para promover el café veracruzano dentro y fuera del país, así como la existencia de una estrategia para estabilizar precios y evitar que el productor siga recibiendo el menor beneficio de la cadena.
En materia de rendición de cuentas, Córdova retomó la afirmación del secretario de que “80% del presupuesto” se destinó a apoyos directos y preguntó dónde está disponible de manera pública la evidencia de esa afirmación: los padrones completos, el número de beneficiarios que pudieron haber recibido apoyos en varios programas y cuántas auditorías tiene la Sedarpa abiertas ante el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En la segunda ronda, el diputado Adrián Sigfrido Ávila Estrada recordó que el actual secretario ya había estado presente en la comparecencia del año pasado, aunque aún no ocupaba el cargo, y le pidió informar cómo recibió la dependencia en el proceso de entrega–recepción. Preguntó si se detectaron irregularidades y, en su caso, qué se está haciendo para fincar responsabilidades administrativas o penales a exfuncionarios.
Ávila señaló que la fiscalización reporta un presunto daño patrimonial por poco más de 15 millones de pesos y observó que varios de los programas descritos por la propia Sedarpa en su informe tienen montos equivalentes. A partir de ello, cuestionó qué proyectos pudieron haberse financiado con esos recursos observados.
Más allá del cumplimiento de reglas de operación, el legislador pidió definir “cuál es la parte de innovación” y la aportación específica de esta administración al campo veracruzano: hacia dónde se dirige el sector agropecuario en este sexenio y qué cambio estructural dejará la actual gestión en comparación con la anterior.
El diputado de MC trasladó al funcionario cuestionamientos recabados a través de un canal de comunicación con ciudadanía. Preguntó qué políticas públicas se han diseñado para apoyar a productores envejecidos y garantizar un relevo generacional en el campo, ante el riesgo de abandono de actividades agrícolas y ganaderas.
También pidió detallar cómo se está atendiendo la baja rentabilidad de cultivos como el chayote y la caña de azúcar frente a la competencia externa y la saturación del mercado, así como los programas de financiamiento o asistencia técnica que se han implementado para evitar que los ciclos agrícolas terminen recurrentemente en pérdidas.
En esta misma línea, cuestionó qué mecanismos existen para asegurar que los apoyos lleguen prioritariamente a pequeños productores y no sólo a grandes agroindustrias o a personas vinculadas con el gobierno.
En materia de transparencia y evaluación, Ávila Estrada pidió conocer qué indicadores oficiales utiliza la Sedarpa para medir el impacto de sus programas en productividad, sanidad animal y bienestar rural. Preguntó si se publican informes periódicos accesibles al público sobre el uso de recursos destinados al campo y la pesca, y de qué manera se garantiza la participación directa de productores y ganaderos en la definición de las políticas públicas.
Respecto a las escuelas campesinas, planteó la duda de cómo se asegura que no se conviertan en proyectos aislados, sino en procesos permanentes de formación y acompañamiento, con resultados verificables en la mejora de las unidades de producción.
En el sector acuícola, solicitó información sobre los resultados obtenidos en materia de sanidad para prevenir enfermedades en especies de cultivo. Finalmente, preguntó cómo se garantiza que los beneficios lleguen a los municipios con mayor marginación y no sólo a aquellos con mayor organización o cercanía a la capital del estado.
En su mensaje de cierre, la diputada María Elena Córdova sostuvo que el nuevo formato de comparecencias “no le da a las y los funcionarios la oportunidad de explicar con detalle en qué se gasta cada peso”, y consideró que las cifras presentadas por Sedarpa se alejan de la realidad que enfrentan agricultores y ganaderos.
Señaló que, mientras el informe habla de millones de pesos invertidos, cursos, maquinaria y miles de beneficiarios, en las comunidades persisten precios bajos, plagas sin control, robo de ganado, coyotaje, sequías y una citricultura “todavía en crisis”, según la percepción de productores que se han acercado a su bancada.
La legisladora reconoció el origen veracruzano del secretario y su conocimiento del campo, pero insistió en que se requiere “mayor apoyo y respaldo” para que las políticas públicas se traduzcan en cambios tangibles en la vida de las familias rurales.