Xalapa, Ver. - Piden al Congreso de Veracruz y a la Gobernadora frenar reformas que, advierten, debilitan la investigación de desapariciones y la atención a víctimas /

Redacción Bitácoras Políticas | Xalapa, Ver. | 26 Nov 2025

Familias buscadoras de personas desaparecidas en Veracruz expresaron su “profunda preocupación” por decisiones legislativas y judiciales que, afirmaron, ponen en riesgo la autonomía de la Fiscalía General del Estado (FGE), generan inestabilidad administrativa y frenan las capacidades forenses y de investigación. En un comunicado dirigido al Congreso del Estado, a la gobernadora de Veracruz y a la sociedad en general, advirtieron además sobre un escenario de “posible liberación” del exgobernador Javier Duarte, lo que —sostienen— agravaría la crisis de impunidad.

En el documento, las familias y colectivos enumeran cuatro ejes de alerta: riesgo a la autonomía de la Fiscalía, impacto de cambios administrativos abruptos, necesidad de fortalecer capacidades forenses y de investigación, y preocupación específica por decisiones judiciales que puedan derivar en el sobreseimiento y eventual liberación del exmandatario estatal por el delito de desaparición forzada. Señalan que estos cambios, de concretarse, afectarían directamente la búsqueda de personas y el acceso a la justicia de las víctimas.

Las familias recuerdan que la autonomía de la FGE “no es un privilegio institucional”, sino una condición indispensable para que las investigaciones y procesos penales relacionados con personas desaparecidas se conduzcan sin presiones políticas ni intereses particulares. Subrayan que la objetividad, la independencia técnica y el acceso real a la verdad y la justicia son esenciales en un estado con miles de personas desaparecidas.

Advierten que cualquier medida que debilite esa autonomía pone en riesgo la continuidad de investigaciones, la protección de las víctimas y la posibilidad de avanzar en la identificación de personas, así como en los procesos penales contra posibles responsables.

El comunicado también insiste en la necesidad de evitar cambios administrativos abruptos al interior de la Fiscalía. Las familias señalan que las áreas forenses y de persecución penal requieren continuidad, profesionalización y vínculos institucionales sólidos, y que cada relevo en la estructura o en el personal implica retrasos en diligencias, pausas en dictámenes, ruptura de procesos técnicos y pérdida de información.

Según el pronunciamiento, esa inestabilidad obliga a las familias a volver a explicar sus casos, reconstruir expedientes y reiniciar vínculos institucionales que han tomado años construir. Por ello, piden que cualquier transición en la FGE sea transparente, planificada y con participación de víctimas y colectivos, de manera que se garantice la estabilidad necesaria para evitar nuevos rezagos.

Las familias recuerdan que reconocen áreas de oportunidad y pendientes dentro de la Fiscalía, pero advierten que la posibilidad de que la persona titular sea removida por razones políticas o intereses externos “violenta el principio bajo el cual fue creada la institución”: actuar con independencia técnica para garantizar investigaciones imparciales.

En su posicionamiento, los colectivos sostienen que si las y los diputados desean legislar en materia de procuración de justicia, deben hacerlo para fortalecer la respuesta del Estado ante la crisis de desapariciones. Proponen, entre otros puntos:

-Mejorar el marco legal en materia de desaparición y atención a víctimas.

-Fortalecer financieramente las áreas de identificación forense y los espacios de resguardo.

-Contratar personal especializado y consolidar infraestructura científica acorde con la magnitud del problema.

“No solicitamos discursos ni simulación institucional, sino capacidad real para buscar, identificar y garantizar justicia”, señalan.

Las familias buscadoras expresan inquietud por el contexto en que se discute la salida de la actual titular de la FGE y posibles modificaciones a las leyes que dieron autonomía al órgano de procuración de justicia. Aseguran que cada vez que se modifica la ley “con prisa, sin transparencia y sin escuchar a las víctimas”, la justicia corre riesgo.

De manera particular, manifiestan “especial preocupación” por la posibilidad de un sobreseimiento y eventual liberación de Javier Duarte por el delito de desaparición forzada, y califican ese escenario como un riesgo “grave e irreparable” para las víctimas. A su juicio, una decisión de ese tipo podría permitir que el exgobernador eluda la justicia por crímenes cometidos durante su administración, profundizar la impunidad y debilitar aún más la confianza en las instituciones encargadas de investigar y sancionar violaciones graves a derechos humanos.

Al final del comunicado, las familias y colectivos formulan una serie de exigencias puntuales a las autoridades:

Respeto y protección de la autonomía de la Fiscalía. Rechazan cualquier reforma que, en su opinión, debilite la independencia de la FGE o la someta a intereses políticos, por considerar que ello pondría en riesgo las investigaciones y el acceso a la verdad y la justicia.

Transición y gestión institucional responsable. Plantean un proceso de transición transparente, sin cálculos partidistas, con participación de víctimas y que garantice estabilidad administrativa para evitar retrasos forenses y pérdida de información.

Designación de una persona titular competente. Solicitan que quien encabece la Fiscalía cuente con experiencia real, certificación vigente, independencia técnica y un compromiso probado con los derechos humanos y la investigación de desapariciones.

Fortalecimiento institucional y rendición de cuentas. Piden que cualquier iniciativa legislativa se oriente a ampliar capacidades forenses, mejorar la atención a víctimas, garantizar recursos suficientes para la institución y establecer responsabilidades claras por omisiones.

Evitar riesgos de impunidad. Advierten que una eventual liberación de Javier Duarte antes de ser juzgado por desaparición forzada “abriría la puerta” a que el exgobernador evada la justicia, dejando sin respuesta los crímenes denunciados y “perpetuando el daño” a las víctimas y sus familias.

Las familias buscadoras subrayan que su postura “no es política, sino profundamente humana” y que su objetivo es encontrar a sus seres queridos y acceder a la verdad y la justicia. Reiteran que continuarán con su labor de búsqueda, al tiempo que piden que cualquier cambio institucional se haga “con las víctimas en el centro” y no a partir de intereses de coyuntura.