Redacción Bitácoras Políticas | Xalapa, Ver. | 25 Nov 2025
En una sesión ordinaria que inició a las 22:30 horas y en la que asistieron 47 diputadas y diputados, el Congreso de Veracruz aprobó, con 42 votos a favor y 5 en contra, la reforma constitucional que modifica el proceso de designación, evaluación, ratificación y remoción de la persona titular de la Fiscalía General del Estado (FGE). La votación superó las dos terceras partes requeridas por la Constitución local.
No asistieron los diputados Enrique Cambranis Torres y Fernando Yunes Márquez, del PAN, ni Héctor Yunes Landa.
El dictamen, producto del trabajo de las Comisiones Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Procuración de Justicia, fue presentado al Pleno tras meses de análisis y debate. La reforma propone un modelo en el que la persona titular del Poder Ejecutivo podrá enviar hasta dos propuestas para ocupar la Fiscalía; si el Congreso rechaza ambas, el Ejecutivo podrá designar directamente entre los perfiles propuestos, bajo un esquema que sus impulsores describen como “de equilibrio y control recíproco”.
Al fijar su posicionamiento, el diputado Adrián Sigfrido Ávila Estrada (MC) sostuvo que el actual proceso de designación del fiscal se ha vuelto inoperante y vulnerable a la parálisis política. Añadió que diversas iniciativas presentadas desde noviembre de 2024 —primero por el diputado Diego Castañeda (MC) y después por los legisladores Elizabeth Morales y Ramón Díaz (PT)— coincidieron en la necesidad de reformar el procedimiento.
Ávila afirmó que el nuevo modelo se alinea a prácticas federales, como las aplicadas en la Fiscalía General de la República, al reducir el periodo del encargo y permitir la evaluación periódica del desempeño. Señaló que la prioridad debe ser “garantizar justicia con instituciones funcionales y responsables”.
Por su parte, el diputado Ramón Díaz Ávila (PT) argumentó que los periodos prolongados fomentan estancamiento institucional y relaciones de complacencia. Explicó que la propuesta retoma experiencias de la Ciudad de México y del Estado de México, que ya operan bajo periodos cortos con posibilidad de ratificación.
El legislador subrayó que la iniciativa del PT incluyó requisitos éticos, como ausencia de antecedentes de corrupción, enriquecimiento ilícito o problemas relacionados con violencia familiar, además de la aprobación íntegra de exámenes de control y confianza.
La diputada Ingrid Jenny Calderón Domínguez (Morena) afirmó que la reforma responde a una exigencia social de mejorar la procuración de justicia con una visión humanista y cercana a las víctimas. Sostuvo que el nuevo modelo permitirá “revisión constante, rendición de cuentas y continuidad institucional sin burocracia inoperante”.
Destacó que la reforma incorpora perspectiva de género y requisitos relacionados con derechos humanos, elementos que —dijo— son esenciales para atender a mujeres víctimas y evitar prácticas revictimizantes.
El diputado Luis Vicente Aguilar Castillo reforzó los argumentos jurídicos al señalar que la reforma “no vulnera la autonomía” porque mantiene intacta la independencia técnica del Ministerio Público. Afirmó que la propuesta replica criterios del artículo 102 constitucional federal y busca evitar la ausencia de titular en la Fiscalía por desacuerdos políticos.
Desde la oposición, legisladores de MC, PAN y Veracruz Nos Une votaron en contra al argumentar que la reforma reduce la autonomía del órgano encargado de investigar delitos y otorga al Poder Ejecutivo un papel predominante en la designación y eventual remoción del fiscal.
La diputada Montserrat Ortega Ruiz (Veracruz Nos Une) señaló que el dictamen “modifica sustancialmente el equilibrio institucional”, al permitir que el Ejecutivo influya de forma directa en la permanencia de la persona titular de la Fiscalía. Advirtió que una fiscalía debilitada puede derivar en riesgos para el acceso a la justicia y para la protección de las víctimas.
María Elena Córdova Molina (MC) calificó la reforma como un retroceso que concentra decisiones en el Ejecutivo y elimina filtros como convocatorias públicas y entrevistas a aspirantes. Además, señaló que la eliminación de requisitos previos —como no haber ocupado cargos partidistas en el último año— abre la puerta a perfiles con vínculos políticos recientes.
La diputada Indira de Jesús Rosales San Román (PAN) afirmó que la reforma otorga al Ejecutivo la facultad efectiva de nombrar a la persona titular de la FGE, lo que —dijo— es incompatible con el principio de autonomía: “No puede ser juez y parte quien debe investigar al propio gobierno”, señaló.
Tras la participación de las y los diputados registrados, la Asamblea determinó que el dictamen estaba suficientemente discutido y procedió a su votación nominal.
El resultado fue:
42 votos a favor
5 votos en contra
0 abstenciones
Con ello, la Presidencia declaró aprobado el proyecto de decreto, al alcanzarse la mayoría calificada que exige el artículo 84 de la Constitución local.
La Secretaría General del Congreso remitirá el dictamen a los 212 ayuntamientos de Veracruz, como parte del proceso constitucional para la reforma.
La modificación constitucional redefine la estructura de la Fiscalía General del Estado y los mecanismos para elegir y evaluar a su titular. Sus efectos finales dependerán de la validación municipal y de la implementación legislativa secundaria.
Mientras sus impulsores aseguran que la reforma hará más eficiente y responsable la procuración de justicia, la oposición advierte que podría comprometer la autonomía institucional y alterar el equilibrio entre poderes.
El debate, profundo y extendido hasta casi la madrugada, muestra que la transformación del sistema de procuración de justicia en Veracruz continúa siendo un tema central en la discusión pública y política del estado.
