Redacción Bitácoras Políticas | Xalapa, Ver. | 25 Nov 2025
Diputados de Movimiento Ciudadano cuestionaron al titular de la Contraloría General del Estado, Ramón Santos Navarro, por los altos montos de presunto daño patrimonial detectados en el sector Salud, la continuidad de empresas observadas como proveedoras del gobierno estatal y la ausencia de casos emblemáticos de sanción a funcionarios de alto nivel.
Las críticas y preguntas se formularon durante la comparecencia del funcionario ante el Congreso de Veracruz, como parte de la glosa de la cuenta pública y del primer año de la actual administración estatal.
El diputado Adrián Sigfrido Ávila Estrada y la diputada María Elena Córdova Molina plantearon que, pese al número de auditorías, observaciones y procedimientos administrativos reportados por la Contraloría, la ciudadanía no percibe consecuencias claras para los responsables de irregularidades ni recuperación efectiva de los recursos observados.
En su primera intervención, Ávila Estrada recordó que, en la cuenta pública 2024:
El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) reportó 830 millones de pesos como presunto daño patrimonial en dependencias del gobierno estatal.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó 1,184 millones de pesos, de los cuales, según el legislador, la Secretaría de Salud de Veracruz concentró 84 millones en el ámbito local y 1,078 millones de pesos a nivel federal.
El diputado subrayó que, conforme a los informes de la ASF, Veracruz es “el estado con el mayor monto observado en materia de Salud entre las 32 entidades federativas” y pidió al contralor detallar:
Cómo se conforma el monto observado,
Cuáles fueron las principales irregularidades detectadas,
Cuál es la causa raíz de esas anomalías,
En qué etapa se encuentra la atención y solventación de las observaciones,
Qué programas sociales resultaron más afectados, y
Qué empresas proveedoras han sido identificadas como recurrentes en los contratos señalados.
Ávila Estrada también llevó la discusión a ejercicios anteriores. Recordó que, en la auditoría forense a la cuenta pública 2023, la ASF observó 1,195 millones de pesos en la Secretaría de Salud, y preguntó qué acciones concretas ha realizado la Contraloría ante la falta de solventación de ese monto.
Cuestionó de manera específica por qué empresas señaladas por la ASF, como “Limpieza Especializada Industrial y Hospitalaria S.A. de C.V.”, continúan prestando servicios a la administración estatal en 2024 y 2025, pese a haber aparecido en informes con observaciones no solventadas. En el mismo sentido, pidió saber:
Por qué empresas observadas en distintos entes fiscalizables siguen siendo contratadas,
Por qué no han sido inhabilitadas, y
Qué mecanismos aplica la Contraloría para impedir que proveedores con antecedentes de incumplimiento sigan recibiendo contratos públicos.
El legislador también cuestionó la contratación de despachos externos de auditoría, considerando que ya existen el Orfis, la ASF, la propia Contraloría y sus órganos internos de control. Solicitó precisar:
Cuál es el objetivo de estas auditorías tercerizadas,
Qué alcances tienen, y
En qué plataforma o instancia pueden los ciudadanos consultar sus resultados y el seguimiento a las recomendaciones.
En la segunda ronda, la diputada María Elena Córdova Molina planteó que, aunque la Contraloría reporta cifras elevadas de auditorías, observaciones, recomendaciones, notificaciones y resoluciones, la población sigue sin conocer casos claros de sanciones ejemplares.
Recordó que el propio informe de la dependencia presume:
119 auditorías federales,
398 observaciones del Orfis,
538 recomendaciones,
704 notificaciones de audiencia,
259 resoluciones y
28 sanciones.
Frente a ello, preguntó puntualmente:
Cuántos funcionarios de alto nivel han sido sancionados,
Cuántos expedientes derivaron en denuncias penales, y
Cuánto dinero observado ha sido efectivamente recuperado.
“La realidad es que en Veracruz no vemos funcionarios sancionados, no vemos expedientes públicos y no vemos consecuencias visibles”, advirtió la diputada, al señalar que la Contraloría corre el riesgo de ser percibida como un órgano que acumula datos sin transformar esas cifras en resultados tangibles.
Córdova Molina también retomó el tema de las adjudicaciones directas, señalando que, según los informes, se registran numerosos casos en distintas dependencias, entre ellas la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, la Secretaría de Educación y la propia Secretaría de Salud.
Preguntó:
Cuál es la justificación técnica para recurrir con tanta frecuencia a este tipo de contratación,
Por qué no se publican expedientes completos de cada proceso,
Quién vigila las decisiones cuando se trata de procedimientos que, por su naturaleza, abren espacio a la discrecionalidad.
Respecto a la absorción de las funciones del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), la legisladora cuestionó cómo puede garantizarse la imparcialidad, cuando la autoridad que revisa la transparencia ahora depende directamente del Poder Ejecutivo.
Sobre las declaraciones patrimoniales, Córdova pidió precisiones sobre:
Cuántos casos de posible enriquecimiento ilícito se han detectado,
Cuántos servidores públicos no pudieron justificar el crecimiento de su patrimonio, y
Por qué no se hace público el seguimiento a esos expedientes.
La diputada solicitó al contralor que mencione “al menos un caso emblemático” en el que la institución haya sancionado, inhabilitado o denunciado penalmente a un funcionario de alto nivel en la actual administración.
En su mensaje de cierre, Ávila Estrada reiteró la inconformidad de su bancada con las respuestas obtenidas en el pleno y pidió que, en un plazo de 48 horas, la Contraloría envíe por escrito:
-El nombre del funcionario de alto nivel que, según el contralor, habría sido sancionado o denunciado,
-Los datos del expediente respectivo, e
-Información detallada sobre las acciones emprendidas.
El diputado retomó además el caso de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), institución que —recordó— la propia Secretaría de Educación calificó como “nido de corrupción” durante 20 años, con señalamientos de cobros de alrededor de 100 millones de pesos por cuatrimestre (aproximadamente 300 millones anuales) manejados por una fundación, así como de directores que se quedarían con recursos que no se reportan.
Pidió que la Contraloría y el órgano interno de control informen, por escrito, qué acciones concretas han realizado en la UPAV para investigar y corregir estas prácticas, y que se comprometan a que ninguna empresa observada por irregularidades no solventadas continúe siendo contratada en el actual gobierno.
Movimiento Ciudadano concluyó que Veracruz necesita una Contraloría que no solo acompañe a las dependencias en sus procesos administrativos, sino que corrija, sancione y garantice que el recurso público se ejerza con legalidad y en beneficio directo de la ciudadanía.
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