Xalapa, Ver. - Montserrat Ortega reclama diferencias de hasta 600% en costos, posible inflación de padrones y cobro indebido de licencias “permanentes”; exige fincar responsabilidades por más de mil millones observados en Servicios de Salud de Veracruz /

Redacción Bitácoras Políticas | Xalapa, Ver. | 25 Nov 2025

En la comparecencia del titular de la Contraloría General del Estado, Ramón Santos Navarro, ante el Congreso de Veracruz, la diputada Montserrat Ortega Ruiz, del grupo legislativo mixto Veracruz Nos Une, cuestionó con dureza el desempeño del órgano de control al denunciar presuntos sobreprecios en obra pública, opacidad en programas sociales federales y estatales y la falta de sanciones por observaciones millonarias en el sector salud, además de señalar el cobro de licencias “permanentes” como una práctica irregular que afecta a miles de veracruzanos.

La legisladora sostuvo que, de acuerdo con las facultades que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo otorga a la Contraloría —evaluar presupuestos, controlar programas de inversión, supervisar gasto y recursos federalizados, vigilar avances de obra e iniciar procedimientos administrativos—, no se advierte una actuación contundente frente a lo que ella describió como “carencias severas” en escuelas, caminos, salud y programas sociales.

En su primera ronda, Ortega Ruiz presentó una serie de ejemplos de obra pública que, dijo, muestran diferencias injustificadas de precio y bajo avance físico, pese a los montos ejercidos:

En una rehabilitación de carpeta asfáltica en Veracruz puerto, afirmó, el kilómetro costó 12 millones de pesos, mientras que en un camino en Soledad de Doblado, a poco más de una hora de distancia, el kilómetro se cotizó en 2 millones de pesos.

En un camino hacia Jico, la pavimentación del kilómetro alcanzó, según sus datos, 11 millones de pesos, lo que la llevó a preguntar por qué “en Veracruz es más caro rehabilitar que pavimentar”.

La diputada pidió al contralor explicar qué está haciendo la Subdirección de Auditoría de Obra Pública para revisar este tipo de casos y si se han iniciado procedimientos por posible sobreprecio.

También expuso varios ejemplos de infraestructura educativa:

En Tuxpan, señaló que la construcción de cuatro aulas se contrató por 12 millones de pesos (3 millones por aula), con un avance reportado de apenas 5%, a un año de iniciarse la obra.

En Poza Rica, seis aulas con unos 500 metros cuadrados de construcción tuvieron, según dijo, un costo de 8 millones de pesos, es decir, alrededor de 20 mil pesos por metro cuadrado.

En otra institución (Itac), cuatro aulas habrían costado casi 7 millones de pesos, con avances igualmente limitados.

La legisladora contrastó estos casos con el contexto educativo: Veracruz es primer lugar nacional en analfabetismo, recordó, y todavía existen más de 180 escuelas sin electricidad y niñas y niños tomando clases “al aire libre” en distintos municipios.

Ortega Ruiz también puso bajo la lupa la información publicada en portales oficiales sobre programas sociales.

En el caso de un programa de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) dirigido a personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad, indicó que el monto total reportado fue de 5 millones de pesos, con apoyos de 13 mil pesos por persona. Bajo ese esquema, la bolsa alcanzaría para 384 beneficiarios, pero en el portal de transparencia se afirma, según la diputada, que el beneficio llegó a 2,200 personas.

A partir de esa discrepancia, acusó que los padrones “no solo no están actualizados, sino que se estaría inflando el número de beneficiarios”, y preguntó directamente:

“¿Qué está haciendo la Contraloría para que las dependencias dejen de mentir e inflar los padrones y, además, cumplan con su obligación de publicarlos?”

En su segunda intervención, la legisladora amplió sus señalamientos sobre recursos federalizados. Recordó que, en el programa de infraestructura social para pueblos indígenas y afromexicanos, se autorizaron 1,400 millones de pesos para infraestructura básica, pero —de acuerdo con las cifras que expuso— solo 68 millones habrían sido ejercidos.

Si bien no habló técnicamente de “subejercicio” en la comparecencia, sí cuestionó que, pese a las carencias y la pobreza extrema que persisten en esas comunidades, “no se hayan aplicado” esos recursos y reprochó que la Contraloría no haya actuado con firmeza.

Más de mil millones observados en Salud: exigen sanciones

Uno de los puntos más tensos del intercambio se dio cuando la diputada abordó las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a los Servicios de Salud de Veracruz, por un monto superior a 1,078 millones de pesos, relacionados con contrataciones de servicios para la red de hospitales.

Ortega Ruiz recordó que:

La Contraloría, por ley, cuenta con 30 días hábiles posteriores a los informes de la ASF para presentar aclaraciones y consideraciones.

Existe, dentro del propio organigrama de la dependencia, una unidad encargada de la interconexión con la ASF.

La legisladora reprochó al contralor haber minimizado su responsabilidad sobre recursos federalizados y le preguntó qué observaciones concretas ha presentado en el caso de la Secretaría de Salud y si se han fincado responsabilidades administrativas o penales por lo que definió como “un desfalco millonario”.

Para ilustrar el impacto social de estas irregularidades, compartió el mensaje de una madre de un menor con cáncer que le escribió en redes sociales pidiendo apoyo ante la falta de medicamentos e insumos en hospitales, lo que, dijo, “pone en riesgo la vida de niñas y niños”.

En su mensaje de cierre, la diputada solicitó formalmente que la Contraloría le remita por escrito el detalle de las acciones emprendidas y de las sanciones —si las hay— vinculadas al manejo de recursos en Servicios de Salud de Veracruz durante la administración anterior.

Otro tema que llevó al pleno fue el de las licencias de conducir tipo C (automovilista) y tipo D (motociclista). Ortega Ruiz sostuvo que el Código de Derechos del Estado las establece como permanentes, pero que en la práctica se sigue cobrando su renovación debido a que en las tarjetas no aparece la leyenda “licencia permanente”.

Calificó esta situación como un cobro indebido a “miles de veracruzanos” y cuestionó si la Contraloría ha iniciado investigaciones o procedimientos contra los responsables en el área hacendaria y de tránsito.

“Creo que su función no es venir a defender corruptos, sino a fincar responsabilidades a los corruptos”, expresó.

Sobre las diferencias de costo en obra carretera y educativa —como los casos de 2 y 12 millones de pesos por kilómetro en rehabilitaciones—, el contralor argumentó que los precios pueden variar por factores como ubicación, distancia, traslado de materiales y maquinaria, así como condiciones técnicas específicas de cada proyecto.

Ortega Ruiz respondió que, si bien pueden existir variaciones del 5 o 10 por ciento, una diferencia de 600% entre obras de características similares no se justifica solo por estos factores, y recordó que, en los procesos de contratación, las empresas constructoras cotizan dentro de parámetros mínimos y máximos establecidos por la autoridad, no de manera discrecional.

En cuanto a la ASF, Santos Navarro señaló que la Auditoría Superior de la Federación es la única instancia facultada para determinar, en definitiva, daños patrimoniales en recursos federales y que aún se encuentran corriendo los plazos de aclaración, tras lo cual podrían derivarse denuncias ante la Fiscalía General de la República, ya sea directamente por la ASF o por la Contraloría, según la instrucción que se emita.

La diputada insistió en que, al margen de la competencia federal, la Contraloría estatal está obligada a investigar y fincar responsabilidades administrativas a servidores públicos cuando se detectan irregularidades en el uso de recursos, sean estatales o federalizados.

En su intervención final, Montserrat Ortega reiteró su petición de información escrita sobre:

Sanciones administrativas o penales derivadas de las observaciones en Servicios de Salud de Veracruz.

La situación del programa de apoyo a personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad en Sedesol, donde se reportaron 2,200 beneficiarios con un presupuesto que solo alcanzaría para 384.

El destino de los recursos federales no ejercidos en programas para pueblos indígenas y afromexicanos.

La legisladora cerró su participación subrayando que los veracruzanos “merecen transparencia” y que el órgano de control debe enfocarse en prevenir y sancionar la corrupción, no en justificar diferencias que, a su juicio, requieren una revisión profunda de precios, contratos, padrones y manejo de recursos públicos.