Redacción Bitácoras Políticas | Xalapa, Ver. | 25 Nov 2025
Durante la comparecencia del titular de la Contraloría General del Estado, Ramón Santos Navarro, legisladores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) cuestionaron la concentración de funciones de transparencia tras la extinción del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), la calidad de la información que las dependencias cargan a plataformas federales, el posible fraccionamiento de contratos de obra pública y la supervisión ambiental en proyectos como Naturalia.
Las preguntas fueron formuladas durante la primera y segunda ronda por el diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, coordinador del grupo legislativo del PVEM, y por la diputada Estefanía Bastida Cuevas, quienes demandaron claridad en la operación del nuevo modelo de transparencia y en la vigilancia al gasto público.
En su intervención inicial, Ruiz Sánchez planteó que la absorción de las tareas del IVAI implica un riesgo de concentración de facultades, pues la Contraloría resguarda información del Ejecutivo y, al mismo tiempo, resuelve recursos de revisión interpuestos por la ciudadanía contra dependencias estatales.
El legislador cuestionó:
Qué mecanismos jurídicos garantizan imparcialidad frente a posibles presiones políticas internas.
Cómo se asegura el derecho de acceso a la información y la autonomía técnica en protección de datos personales.
Qué indicadores evalúan el desempeño de la nueva Dirección General de Transparencia.
Asimismo pidió precisar los montos del ahorro generado por la desaparición del IVAI y los capítulos del gasto donde se reflejan.
Ruiz Sánchez también advirtió que la digitalización no elimina problemas de fondo si la información enviada a plataformas federales carece de calidad. Preguntó qué filtros aplica la Contraloría para evitar expedientes incompletos que afecten la evaluación federal.
El diputado solicitó conocer qué medidas se están fortaleciendo para garantizar la autonomía técnica de los Órganos Internos de Control (OIC) y evitar interferencias en su labor preventiva.
El coordinador del Verde ofreció apoyo legislativo para corregir lagunas normativas emergentes derivadas de la reingeniería institucional.
En la segunda ronda, la diputada Estefanía Bastida Cuevas señaló que una obra mal ejecutada perjudica al medio ambiente y a las empresas veracruzanas, especialmente cuando los pagos se retrasan. Preguntó si la Contraloría ha realizado un análisis de concurrencia para detectar posibles fraccionamientos de contratos destinados a evadir licitaciones públicas.
La legisladora pidió conocer:
Los resultados de las revisiones a licitaciones, invitaciones restringidas y adjudicaciones directas.
Si existe un mapa de riesgo para identificar dependencias con uso excesivo de adjudicación directa.
Si la Contraloría verificó la existencia y vigencia de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) federal antes de realizar pagos en la obra Naturalia.
Si la falta de permisos ambientales completos podría constituir daño patrimonial.
Qué supervisión existe sobre tiempos de pago a contratistas y qué depuración se realiza al padrón de proveedores.
Santos Navarro respondió que la imparcialidad se sustenta en la Ley de Transparencia, la Ley de Protección de Datos Personales y los principios de objetividad, exhaustividad y legalidad. Señaló que el personal que resolvió recursos de revisión en el extinto IVAI se integró a la Contraloría con procesos de capacitación.
Afirmó que la integración generó un ahorro estimado en 21 millones de pesos, derivado de la reducción de estructura y la absorción de funciones.
Sobre el control previo de información, explicó que la Contraloría revisa la calidad y consistencia documental antes de su envío a plataformas federales para evitar observaciones.
En materia de obra pública, indicó que la Dirección de Fortalecimiento Institucional revisa mensualmente adjudicaciones para detectar repeticiones o posibles fraccionamientos, lo que permite actuar preventivamente. Añadió que el análisis de Naturalia verificará la documentación ambiental y que la determinación de daño patrimonial requiere evaluar tanto la ejecución de la obra como el cumplimiento de permisos.
Respecto a los tiempos de pago, dijo que pueden depender de causas imputables tanto a entes públicos como a contratistas, por lo que cada caso se revisa conforme al contrato.
En su mensaje de cierre, Ruiz Sánchez reconoció la franqueza técnica del contralor y la importancia de ordenar las finanzas públicas, especialmente en sectores como salud. Reiteró que el grupo legislativo del Verde no será “observador pasivo” y se declaró dispuesto a colaborar para fortalecer mecanismos de control interno y perfeccionar el marco normativo derivado de la transición del órgano garante.
El diputado sostuvo que la transparencia y la fiscalización, incluida la ambiental, deben funcionar como “motor de desarrollo” para Veracruz.
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