Xalapa, Ver. - Pintos Guillén pide claridad sobre la absorción del órgano garante, el estado de los expedientes, la vigilancia a la UPAV y la contratación de 1,950 mdp; Santos Navarro asegura ahorro, avance en rezagos y 93% de obras para empresas veracruzanas /

Redacción Bitácoras Políticas | Xalapa, Ver. | 25 Nov 2025

En el inicio de la comparecencia del titular de la Contraloría General del Estado, Ramón Santos Navarro, ante el Congreso de Veracruz, el diputado Miguel Guillermo Pintos Guillén (Morena) formuló una serie de preguntas clave sobre la extinción del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), el manejo de sus expedientes, el impacto financiero de la integración, la supervisión a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) y el destino de los recursos ejercidos en obra pública durante 2025.

El legislador por el distrito XXIX, con cabecera en Coatzacoalcos I, señaló que la desaparición del órgano garante generó “alto interés público”, y subrayó la necesidad de conocer cómo se garantizó el derecho de acceso a la información tras la transición, así como el papel que asumirá la Contraloría para vigilar a los sujetos obligados.

En respuesta, Santos Navarro explicó que la Contraloría integró las atribuciones del extinto IVAI a partir de reformas federales y locales, lo que derivó en la creación de la Dirección General de Transparencia y Protección de Datos Personales, con cuatro áreas especializadas en gobierno abierto, resolución de recursos de revisión y supervisión del cumplimiento en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Para garantizar la continuidad institucional, se instaló un comité de transición integrado por representantes del IVAI, la Secretaría de Finanzas y la Contraloría, encargado de definir el traspaso de personal, expedientes y funciones.

El contralor indicó que el IVAI contaba con aproximadamente 105 plazas, de las que alrededor de 60 trabajadoras y trabajadores aceptaron integrarse a la Contraloría, mientras que el resto recibió las indemnizaciones correspondientes conforme a la ley.

Sobre el impacto presupuestal, Santos Navarro sostuvo que la extinción del IVAI significó un ahorro anual estimado en 21 millones de pesos, al compararse el presupuesto que ejercía el órgano autónomo con el costo de operar sus funciones dentro de la Contraloría.

Respecto al rezago histórico, señaló que se recibieron 2,342 expedientes, principalmente recursos de revisión y denuncias. Al corte informado, la Contraloría ha resuelto cerca de 600 asuntos, y proyecta abatir la totalidad del rezago en los próximos meses.

El funcionario afirmó que el derecho de acceso a la información “no se ha visto afectado”, y que el personal asignado cuenta con la experiencia técnica para resolver de forma objetiva y conforme a la ley.

El titular de la Contraloría puntualizó que su papel como órgano garante implica:

Supervisar la carga trimestral de información en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Verificar que los sujetos obligados respondan en tiempo y forma las solicitudes ciudadanas.

Realizar observaciones y requerimientos cuando exista omisión o incumplimiento.

El Comité del Subsistema de Transparencia —integrado por entes de los tres poderes y los 212 ayuntamientos— quedó bajo presidencia de la Contraloría, con el objetivo de fortalecer la política de apertura gubernamental en el estado.

Al abordar la situación de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, uno de los temas solicitados por el diputado Pintos, Santos Navarro indicó que la Contraloría ha realizado acompañamiento en procesos administrativos sensibles.

Expuso que en la entrega–recepción constató la existencia de recursos, pese a versiones que señalaban presunto vaciamiento de cuentas, y destacó que actualmente se encuentran en proceso auditorías al: Ejercicio 2024, y Primer semestre de 2025, cuyos resultados aún no han sido concluidos.

El contralor añadió que, por tratarse de instituciones con antecedentes de observaciones, la UPAV se mantiene bajo supervisión puntual para asegurar el manejo adecuado de recursos.

En materia de gasto en infraestructura, Santos Navarro informó que la contratación de 1,950 millones de pesos en obra pública benefició principalmente a empresas locales:

98 empresas veracruzanas (93.08%)

8 empresas foráneas (6.92%)

Dijo que la Contraloría participó como instancia observadora y asesora en todas las etapas, desde licitaciones hasta el seguimiento de ejecución, además de realizar revisiones preventivas para evitar la fragmentación de contratos y asegurar el cumplimiento de la normatividad.

En su intervención, el diputado Pintos Guillén afirmó que la transición del IVAI, la fiscalización de la UPAV y la supervisión del gasto público requieren información precisa, ya que se trata de temas que inciden directamente en la confianza ciudadana.

Santos Navarro aseguró que la Contraloría continuará reforzando los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas, con el propósito de consolidar una administración “honesta, eficiente y abierta”, en línea con el compromiso asumido en el Primer Informe de Gobierno.