Ciudad de México - El tribunal determinó que el exgobernador de Veracruz no cumple los requisitos legales de buena conducta, pese a haber purgado más del 70% de su sentencia por lavado de dinero y asociación delictuosa. /
Redacción Bitácoras Políticas | Ciudad de México | 21 Nov 2025
La jueza Ángela Zamorano Herrera rechazó este viernes la solicitud de libertad anticipada presentada por Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, quien desde 2018 cumple una sentencia de nueve años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. La resolución establece que el exmandatario deberá permanecer en el Reclusorio Norte hasta abril de 2026, fecha en que concluye su condena.
La juzgadora determinó que Duarte no acreditó el requisito de buena conducta previsto en la ley, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) expuso testimonios y pruebas que desmentían los argumentos de la defensa, la cual alegó que el político priista ha cumplido más del 95% de su sentencia y mantiene comportamiento ejemplar.
De acuerdo con la resolución del juzgado adscrito al Reclusorio Norte, la FGR demostró que Duarte tuvo posesión de objetos prohibidos dentro del penal, entre ellos un teléfono celular, una pluma con cámara, un televisor y acceso irregular a internet. Además, fiscales estatales acusaron que el exgobernador retrasó audiencias de otros procesos mediante tácticas dilatorias, como argumentar problemas de salud o retirarse sin autorización judicial.
Pese a que testigos presentados por la defensa —principalmente personal del penal— acreditaron su participación en actividades internas, la autoridad judicial concluyó que estas no cumplían con la normatividad requerida para conceder la libertad anticipada.
Javier Duarte fue detenido el 15 de abril de 2017 en Panajachel, Guatemala, tras huir del país meses antes de concluir su mandato. Fue extraditado a México en julio del mismo año y, en septiembre de 2018, se declaró culpable mediante un procedimiento abreviado por lavado de dinero y asociación delictuosa relacionados con el uso de empresas fantasma y desvío de recursos públicos.
Aunque en noviembre de 2024 fue absuelto de un proceso por desaparición forzada, el exgobernador sigue bajo investigación por diversas irregularidades documentadas durante su administración. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha señalado que más de 62 mil millones de pesos de fondos federales fueron ejercidos de manera irregular en Veracruz durante su gobierno; sin embargo, dichos señalamientos no derivaron en procesos penales vigentes.
La audiencia para resolver su preliberación inició el 3 de noviembre y se pospuso en varias ocasiones por ajustes en la comparecencia de testigos tanto de la defensa como de la FGR. Finalmente, este 22 de noviembre, la jueza Zamorano rechazó la petición, decisión que la defensa anunció que impugnará.
El equipo jurídico del exgobernador reiteró que su cliente tiene derecho a solicitar beneficios previstos en ley y sostuvo que la negativa desconoce su “proceso de rehabilitación”. En contraste, la FGR argumentó que no se trata de un caso ordinario, pues Duarte fue responsable de uno de los mayores desvíos de recursos documentados en la historia reciente del país.
La solicitud de preliberación del exmandatario generó debate público, debido a que su administración es considerada uno de los episodios más graves de corrupción a nivel estatal. Diversos reportes periodísticos y auditorías federales documentan redes de empresas fantasma, presunto uso de recursos para fines políticos y desvíos millonarios de fondos para salud, educación e infraestructura.
Con la resolución de este viernes, Duarte permanecerá en prisión hasta concluir su sentencia. Según el Registro Nacional de Detenciones, actualmente no enfrenta procesos penales adicionales en el fuero federal ni en el local.
