

Redacción Bitácoras Políticas | Xalapa, Ver. | 07 Nov 2025
Un grupo de familiares de tres víctimas de presuntos abusos policiales se manifestó en las escalinatas de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) para exigir justicia y reparación del daño, tras cinco años de espera sin respuesta institucional.
Las familias de Carlos Landa, Gustavo Ortiz y Gerson Castro Castellano —este último fallecido el 15 de diciembre de 2020— sostuvieron una protesta pacífica en el acceso principal del edificio, donde denunciaron acoso y dilación en los procesos judiciales que, aseguran, han enfrentado desde que ocurrieron los hechos.
“Han pasado cinco años y no hemos recibido ninguna compensación, ni siquiera un avance real en el caso”, declaró Diego Arnoldo Castro, padre de Gerson Castro, quien atribuyó la falta de resultados a “trámites burocráticos y cambios constantes de administradores y directores” en la Fiscalía.
El manifestante expresó que el grupo de familias —nueve en total, aunque solo tres estuvieron presentes en la protesta— teme que su caso quede nuevamente rezagado ante el inminente cambio de titular en la Fiscalía, previsto para el próximo 4 de diciembre, cuando Verónica Hernández Giadáns concluirá su gestión.
“Antes de que se vaya la fiscal, pedimos que atienda nuestro caso y dé cumplimiento a lo que por ley nos corresponde. No buscamos privilegios, solo justicia”, enfatizó Castro.
Las y los manifestantes portaron pancartas con mensajes dirigidos a las autoridades estatales, pidiendo también la intervención de la gobernadora Rocío Nahle García. “Le solicitamos su apoyo; han sido cinco años de injusticia para nuestras familias”, expresó uno de los asistentes.
Los familiares recordaron que desde 2020 han presentado diversas solicitudes formales ante la FGE, sin que hasta ahora se haya materializado ningún reembolso o compensación por parte del Estado. Señalaron que continuarán sus acciones de manera pacífica hasta obtener una respuesta concreta.
Con esta manifestación, las familias buscan visibilizar su caso y presionar para que se aceleren los procesos de reparación y justicia, en un contexto donde otras seis familias afectadas —que integran el mismo grupo— también aguardan una resolución administrativa y judicial.