Redacción Bitácoras Políticas | Xalapa, Ver. | 28 Oct 2025
Con 34 votos a favor, cinco en contra y cuatro abstenciones, el Pleno de la LXVII Legislatura del Estado de Veracruz aprobó el dictamen de la Comisión Permanente de Vigilancia que avala los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2024, presentados por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis). El documento reporta presunto daño patrimonial por un total de 2 mil 311 millones de pesos, derivado de auditorías financieras y técnicas realizadas a dependencias, organismos y municipios del estado.
El Orfis informó que las irregularidades detectadas corresponden a la actuación de servidoras y servidores públicos, en funciones o exfuncionarios, en cinco dependencias estatales y 34 organismos públicos descentralizados, donde se identificaron inconsistencias administrativas y posibles responsabilidades resarcitorias. El organismo precisó que se emitieron observaciones, recomendaciones y acciones para solventar los hallazgos.
Entre las dependencias estatales señaladas se encuentran la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), con un monto conjunto de 829 millones 397 mil 442.45 pesos de presunto daño patrimonial.
En el ámbito municipal, las auditorías detectaron irregularidades en 171 ayuntamientos, con un monto de 1 mil 476 millones 063 mil 654 pesos, y en ocho entidades paramunicipales por 4 millones 449 mil 156.34 pesos. En materia de deuda pública y disciplina financiera, siete municipios registraron un posible daño patrimonial de 61 millones 486 mil 762.82 pesos.
Respecto a los organismos autónomos, el dictamen precisa que no se detectaron irregularidades en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (Ceapp), el Tribunal Electoral del Estado (TEV) y el Tribunal de Justicia Administrativa (Trijaev). En cambio, la Universidad Veracruzana (UV) reportó un presunto daño patrimonial de 1 millón 407 mil 317.86 pesos.
De acuerdo con el decreto aprobado, corresponderá al Orfis y a los órganos internos de control dar seguimiento a las observaciones, iniciar los procedimientos administrativos y, en su caso, presentar denuncias penales si se confirma responsabilidad en el manejo de recursos públicos.
Posicionamientos de los grupos legislativos
Por Morena, el diputado Felipe Pineda Barradas sostuvo que el dictamen representa un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, y aseguró que su bancada “no será tapadera de nadie”, al exhortar al Orfis a investigar con objetividad y profesionalismo.
El legislador Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), reconoció la importancia del informe y subrayó que los 2 mil 311 millones de pesos observados deben invitar a una revisión profunda de los mecanismos de fiscalización para fortalecer su eficacia.
Por su parte, la diputada Luz Alicia Delfín Rodríguez, del Partido Acción Nacional (PAN), anunció el voto en abstención, al considerar que el informe carece de información suficiente y no garantiza certeza en los datos presentados.
En tanto, la diputada Ana Rosa Valdés Salazar, del grupo mixto Veracruz Nos Une, votó en contra al señalar que el documento no contribuye a la transparencia ni detalla los montos de los recursos presuntamente malversados.
El legislador Adrián Sigfrido Ávila Estrada, de Movimiento Ciudadano (MC), también emitió voto en contra, argumentando que el informe del Orfis “se ha quedado corto y presenta anomalías en su diseño”, aunque respaldó la necesidad de fortalecer la rendición de cuentas.
Con la aprobación de la Cuenta Pública 2024, el Congreso de Veracruz abre la siguiente etapa del proceso de fiscalización, en la que se determinará, conforme a la ley, la responsabilidad administrativa o penal de quienes resulten involucrados en el presunto manejo irregular de los recursos públicos.
