Redacción Bitácoras Políticas | Xalapa, Ver. | 21 Oct 2025
Más de 50 medios comunitarios, organizaciones civiles y periodistas indígenas denunciaron ante el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) un proceso de criminalización y censura que, afirmaron, amenaza la libertad de expresión y el derecho a la información en el país.
Durante una audiencia con el pleno del TEV, representantes de medios comunitarios expusieron su preocupación por el uso indebido de la figura de violencia política en razón de género, un mecanismo diseñado originalmente para proteger a las mujeres frente a agresiones provenientes de partidos políticos, pero que ahora —según señalaron— se emplea para sancionar publicaciones periodísticas y limitar el debate público.
El caso que detonó la reunión involucra a un medio de comunicación que fue denunciado y sancionado por difundir información sobre una sentencia judicial, hecho que los colectivos consideran “un precedente peligroso” por tratarse de un tema de interés público. De acuerdo con su postura, el contenido publicado no hacía referencia a una persona en particular, sino al significado legal y social del fallo, por lo que la sanción constituye, a su juicio, un acto de censura.
Mariana López Lima, integrante de la organización Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad, explicó que este proceso “pone en riesgo la labor de las comunicadoras comunitarias e indígenas que ya enfrentan condiciones precarias y contextos de violencia”. Agregó que la apelación presentada ante el TEV representa “una defensa colectiva de la libertad de expresión en México”.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran Radio Teocelo, Ojo de Agua Comunicación, Boca de Polen, La Voz Campesina, Educa Servicios para una Educación Alternativa, Radio Huaya, Radio Tsinaka, Canto de Cenzontles, y la Asociación Veracruzana de Comunicadores Populares, además de académicos y especialistas en derechos humanos como Adriana Solórzano Fuentes y María Fernanda Tapia Canovi, directora de Radio Educación.
Héctor Bautista, de La Coperacha, cooperativa de medios comunitarios de la Ciudad de México, advirtió que la tendencia a judicializar la labor informativa “no solo vulnera el derecho de las audiencias a estar informadas, sino que desalienta el trabajo crítico y promueve la autocensura”.
Los medios participantes recordaron que Veracruz es uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo, con un historial de agresiones, amenazas y asesinatos contra comunicadores. En ese contexto, enfatizaron, la censura institucional agrava la situación de vulnerabilidad del gremio y debilita la función social del periodismo en una democracia.
Los representantes de las organizaciones confiaron en que el Tribunal Electoral de Veracruz emita una resolución apegada a derecho, que reconozca la importancia de garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión y de evitar que los mecanismos de protección sean utilizados como instrumentos de silenciamiento.
“Defender la libertad de expresión es defender la democracia”, coincidieron las y los comunicadores al concluir la audiencia, en la que reiteraron su compromiso de seguir informando pese a las presiones legales y políticas que enfrentan.
