Redacción Bitácoras Políticas | Xalapa, Ver. | 06 Oct 2025
Pensionados de la Unión de Beneficiarios del Seguro de Vida Institucional del Estado de Veracruz (UBSIVER) integrado por maestros jubilados, viudas y familiares de trabajadores fallecidos, exigió al Gobierno de Veracruz el pago inmediato y completo de los recursos que, por ley, les corresponden y que —aseguran— han sido retenidos durante más de quince años.
En un pronunciamiento público, los afectados denunciaron que distintas administraciones estatales han incumplido los acuerdos firmados para la liquidación del seguro, pese a que la deuda ha sido reconocida oficialmente en varias ocasiones. Señalaron que han agotado todas las vías institucionales sin obtener resultados y que la falta de respuesta los obliga nuevamente a alzar la voz en demanda de justicia.
El grupo recordó que, según los convenios suscritos, se estableció el pago a cinco beneficiarios, de los cuales solo cuatro recibieron el monto acordado, lo que consideran una muestra del incumplimiento sistemático del Estado.
Los inconformes también denunciaron la falta de transparencia y manipulación de la información por parte de algunas dependencias, lo que ha generado confusión y desesperanza entre las familias afectadas. En su posicionamiento, sostienen que los recursos del seguro habrían sido desviados con fines personales o políticos durante las administraciones de Javier Duarte, Cuitláhuac García, Zenyazen Escobar y José Luis Lima Franco, por lo que exigieron una investigación formal que deslinde responsabilidades.
Asimismo, documentaron casos de cheques sin fondos y fraudes administrativos, que calificaron como actos de corrupción y despojo en perjuicio de trabajadores del sector educativo y sus familias.
El grupo también condenó el uso de la fuerza pública para reprimir manifestaciones pacíficas en las que han participado adultos mayores, viudas y maestros jubilados. Afirmaron que el envío de granaderos constituye una agresión injustificada y una contradicción con el discurso gubernamental de amor y justicia social.
“Nuestra lucha es pacífica, legítima y humana. No buscamos confrontación, sino justicia y cumplimiento de la ley”, señalaron los voceros Alejandro García Ruiz, Rosario Rojas Aragón y Feliza Castillo Arellano, durante la lectura del comunicado.
Finalmente, los beneficiarios hicieron un llamado respetuoso pero firme a la gobernadora Rocío Nale García para que reciba personalmente a sus representantes y ofrezca una solución definitiva, transparente y justa.
Pidieron además la creación de un mecanismo de seguimiento con participación ciudadana, que garantice la rendición de cuentas y evite nuevos abusos en la administración de los fondos.
“Pedimos justicia, no favores. Exigimos cumplimiento, no promesas”, concluyeron.
