Redacción Bitácoras Políticas | Veracruz, Ver. | 30 Sep 2025
Agentes aduanales informaron que en 2024 al menos cinco buques habrían ingresado al Puerto de Veracruz con cargamentos de combustibles introducidos ilegalmente al país, en lo que se conoce como huachicol fiscal. De acuerdo con el empresario portuario Rubén Darío Rodríguez, los barcos descargaron hidrocarburos con documentación presuntamente falsificada para presentarlos como aceites y así evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Cada embarcación habría transportado entre 20 y 30 mil toneladas de combustible, lo que representa, según los cálculos del sector, una operación de gran escala. La denuncia apunta a que estos cargamentos fueron distribuidos a gasolineros como Roberto Pérez, detenido en Coatepec, y Gilberto Bravo Torra, empresario de Tuxtepec con residencia en Veracruz. También se menciona al empresario Maclovio Yáñez Villagrán, cercano al exsecretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández.
La investigación, que según fuentes aduanales involucra a más de 200 posibles implicados, se encuentra en manos de la Fiscalía General de la República (FGR). No obstante, hasta ahora solo se ha concretado la detención de Pérez. Los demás señalados continúan sin enfrentar procesos judiciales.
Rodríguez advirtió que para el ingreso de los buques fue necesaria la participación o complacencia de varios actores: agentes navieros, terminales portuarias, maniobristas, agencias aduanales y la empresa de seguridad a cargo de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) de Veracruz, propiedad de Omar Anitúa Valdovinos. “Tienen que estar todos informados y coludidos, porque al final la mercancía se descarga en alguna terminal; hay muchos involucrados y todos deben rendir cuentas”, sostuvo.
De confirmarse la magnitud del contrabando, el caso representaría uno de los mayores episodios de huachicol fiscal detectados en el Golfo de México en los últimos años. La comunidad portuaria subraya que el señalamiento no solo compromete a empresarios gasolineros, sino también a operadores logísticos y a la cadena de seguridad que permitió el ingreso y descarga de los buques.
Hasta el momento, la FGR no ha emitido información pública sobre los avances de la indagatoria ni sobre la eventual ejecución de nuevas órdenes de aprehensión, lo que mantiene la expectativa en el sector portuario y en las comunidades vinculadas al comercio de combustibles.
