Xalapa, Ver. - Los recursos se destinarán a un laboratorio de Antropología Forense, una Osteoteca y mejoras en instalaciones periciales, con el objetivo de agilizar la identificación de personas fallecidas. /

Redacción Bitácoras Políticas | Xalapa, Ver. | 25 Sep 2025

Con 40 votos a favor y sin abstenciones ni votos en contra, el Pleno de la LXVII Legislatura del Congreso del Estado aprobó una ampliación presupuestal de 50 millones de pesos para la Fiscalía General del Estado (FGE), correspondiente al ejercicio fiscal 2025. Los recursos se emplearán en la construcción de un laboratorio de Antropología Forense, una Osteoteca y una barda perimetral en la Dirección General de Servicios Periciales.

El dictamen, presentado por la Comisión Permanente de Hacienda del Estado e integrado por las diputadas Tanya Carola Viveros Cházaro, Dulce María Hernández Tepole y Dorheny García Cayetano, establece que la medida permitirá fortalecer la infraestructura forense, agilizar los procesos de identificación de cuerpos y restos humanos, y brindar respuestas más rápidas y dignas a las familias de personas desaparecidas.

De acuerdo con el documento aprobado, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) será la encargada de autorizar y efectuar los ajustes necesarios para garantizar la aplicación de los recursos en los capítulos de gasto correspondientes.

El Congreso subrayó que esta decisión se alinea con la obligación del Estado de garantizar el acceso a la procuración de justicia, proteger a las víctimas y coordinar esfuerzos con los municipios en la búsqueda y localización de personas desaparecidas. Además, se recordó que las reformas recientes a la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Veracruz legitiman la ampliación presupuestal solicitada por la FGE, al priorizar la dignificación póstuma, la debida diligencia y las sanciones a los responsables de estos delitos.

La Fiscalía General contará así con mayores herramientas técnicas y científicas para enfrentar la crisis forense en la entidad y dar cumplimiento a los compromisos asumidos en materia de derechos humanos y justicia para las víctimas.