

Xalapa, Ver. - La médica sentenciada continúa en su cargo; la víctima exige sanción ejemplar y relevo de funciones para garantizar un entorno seguro en la residencia médica. /
Irineo Pérez Melo | Xalapa, Ver. | 19 Sep 2025
El Juez de Control Eduardo Martínez López, del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XIII Distrito Judicial de Xalapa, declaró culpable a la doctora Zeyda María Oliman Hoyos, jefa del Servicio de Cirugía Maxilofacial del Centro de Alta Especialidad (CAE) “Doctor Rafael Lucio”, por el delito de violencia laboral en agravio de la médica residente Guadalupe López Martínez. La sentencia incluyó una reparación económica del daño por 10 mil pesos, sin la apertura de un juicio oral.
La resolución se emitió en el marco del proceso penal 229/2025, luego de que la Fiscalía General del Estado de Veracruz acreditara, mediante pruebas y testimonios, la responsabilidad de Oliman Hoyos. Sin embargo, pese a la sentencia, la médica continúa en funciones bajo el respaldo del director del nosocomio, Rafael Norberto Hernández Gómez, lo que ha generado cuestionamientos sobre la protección institucional hacia la servidora pública.
En conferencia de prensa, la doctora Guadalupe López Martínez denunció que la medida de reparación económica resulta insuficiente ante el daño causado y advirtió que deberá reincorporarse en octubre al CAE, donde estaría nuevamente bajo la subordinación de la persona sentenciada. “No se puede cubrir con dinero la violencia ejercida”, señaló la residente de Estomatología, quien actualmente cumple su formación en un hospital de Guerrero por reasignación temporal.
La afectada también afirmó que, de acuerdo con testimonios de otros residentes, Oliman Hoyos ha rescindido contratos de al menos tres médicos en formación que manifestaron desacuerdo con sus decisiones, lo que evidencia un patrón de conductas irregulares que persisten en el servicio.
López Martínez hizo un llamado a las autoridades de salud federales y estatales para que se le retire el cargo a la doctora sentenciada. La petición fue dirigida al secretario de Salud federal, David Kershenobich, al titular de la Secretaría de Salud de Veracruz, Valentín Herrera Alarcón, y al director del CAE, Rafael Norberto Hernández Gómez. Además, solicitó al Poder Judicial que emita una sanción ejemplar que disuada la repetición de actos de violencia laboral en el sector salud.
La residente criticó que, pese a la gravedad del caso, la gobernadora Rocío Nahle no haya intervenido de manera directa. Según su testimonio, el asunto fue turnado al secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, quien la canalizó a la Secretaría de las Mujeres. La dependencia únicamente le ofreció acompañamiento psicológico, sin pronunciarse sobre la sanción a la servidora pública señalada.
El caso expone tensiones en el sistema de formación médica en Veracruz y abre el debate sobre la necesidad de mecanismos eficaces para prevenir y sancionar la violencia laboral dentro de los hospitales de alta especialidad, donde las jerarquías entre médicos titulares y residentes suelen propiciar condiciones de vulnerabilidad.