Tatahuicapan, Ver. - La gobernadora de Veracruz advirtió mano firme contra cierres del acueducto; Fiscalía reactivará denuncias contra el alcalde de Tatahuicapan, Eusebio González Bautista. /

Redacción Bitácoras Políticas | Tatahuicapan, Ver. | 18 Sep 2025

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, anunció que este miércoles debieron reabrirse las válvulas de la presa Yuribia, tomada desde el pasado fin de semana por habitantes de Tatahuicapan. La mandataria afirmó que no se permitirá condicionar el derecho humano al agua potable y confirmó que la Fiscalía General del Estado (FGE) levantará un acta por el cierre del acueducto, además de reactivar las denuncias penales existentes contra el alcalde de Tatahuicapan de Juárez, Eusebio González Bautista.

La jefa del Ejecutivo estatal señaló que el bloqueo del suministro afecta a más de medio millón de habitantes de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, incluidos hospitales, escuelas y colonias populosas. “Se acabaron las necedades y los intereses particulares. El agua es un derecho humano y debe garantizarse para todas y todos”, declaró en conferencia de prensa.

De acuerdo con Nahle García, este miércoles al mediodía se llevará a cabo una reunión entre el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, y representantes de los inconformes, con el fin de liberar la infraestructura hidráulica. Aseguró que el diálogo ha estado presente, pero advirtió que el respeto entre municipios y autoridades debe ser recíproco y que, llegado el momento, se aplicará el estado de derecho.

La gobernadora recordó que durante una visita reciente a Tatahuicapan se informó que la obra hidráulica solicitada por la población se realizará en 2026, en coordinación con las próximas administraciones municipales. No obstante, acusó que el cierre del acueducto responde a la presión política ejercida por el alcalde González Bautista, quien ha sido señalado en anteriores ocasiones de utilizar la presa Yuribia como instrumento de negociación.

Autoridades estatales confirmaron que la FGE reabrió carpetas de investigación contra el edil por su presunta participación en cierres reiterados de la presa y por los daños ocasionados a la planta potabilizadora. Los delitos bajo análisis incluyen sabotaje y uso indebido de recursos públicos para movilizar a ejidatarios y condicionar el abasto de agua.

El gobierno de Veracruz sostuvo que se han cumplido los compromisos establecidos en minutas firmadas meses atrás con comunidades serranas, y reiteró que no se permitirá condicionar servicios básicos a demandas particulares.

“Con el agua no se negocia. La presa Yuribia pertenece a la nación y está protegida por la ley”, subrayó Nahle García, al tiempo que pidió la intervención de la mesa de seguridad estatal para garantizar el restablecimiento del suministro.