Redacción Bitácoras Políticas | Xalapa, Ver. | 15 Sep 2025
Integrantes de la Red UV por la Legalidad, entre ellos los ex rectores Raúl Arias Lovillo y Sara Ladrón de Guevara, así como el investigador Miguel Casillas, demandaron la destitución de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana (UV). La exigencia surge tras la aprobación de una prórroga en el mandato del rector Martín Aguilar sin la emisión de una convocatoria abierta, lo que calificaron como un acto contrario a la normatividad universitaria.
En entrevista, Ladrón de Guevara recordó que la función central de la Junta de Gobierno es convocar cada cuatro años a un proceso de elección rectoral, lo que en esta ocasión no ocurrió. Consideró que al permitir la extensión del periodo de Aguilar, los integrantes del órgano colegiado “incurrieron en el incumplimiento de un deber legal”.
Por su parte, Arias señaló que las decisiones de la Junta de Gobierno son las responsables de la actual inconformidad en la comunidad universitaria. “Se requiere cambiar a los miembros, porque actuaron completamente en la ilegalidad y han cometido un grave error, que es la pérdida de credibilidad”, afirmó.
Casillas advirtió que a lo largo de los cuatro años de gestión de Aguilar, cinco integrantes de la Junta de Gobierno han renunciado y sus lugares fueron ocupados por personas cercanas al actual rector. Sostuvo que ello refleja un entramado para mantener el control de la institución mediante cambios progresivos en la composición del órgano.
La Red UV por la Legalidad consideró que esta dinámica abre la puerta a que otros directivos de la casa de estudios busquen prolongar de manera irregular sus cargos. Recordaron que recientemente la Junta también otorgó una prórroga a la secretaria de Administración y Finanzas, Lizbeth Margarita Viveros.
De acuerdo con la normatividad, el Consejo Universitario es la instancia con facultades para destituir a los integrantes de la Junta de Gobierno. Para ello debe ser convocado por el propio rector o por al menos la mitad más uno de sus integrantes.
Los entrevistados insistieron en que su postura no obedece a intereses personales contra Aguilar, sino a la defensa de la legalidad y la estabilidad de la universidad. “Lo que está en juego es el futuro de la UV y la confianza de su comunidad en las instituciones que la gobiernan”, subrayaron.
