Redacción Bitácoras Políticas | Xalapa, Ver. | 10 Sep 2025
Ciudadanos afectados por el Programa de Ordenamiento para Motocicletas 2025, impulsado por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), tomaron este miércoles las oficinas de Hacienda en Xalapa para denunciar violaciones a derechos humanos y exigir la destitución de dos funcionarios: Israel Octavio Caballero de la Rosa, director general de Recaudación, y Lisbeth Cristina Neri García, jefa de la Oficina de Hacienda Xalapa Norte. Los manifestantes acusaron prácticas de maltrato, violencia laboral y arbitrariedades en la implementación del programa de reemplacamiento.
El Programa de Ordenamiento para Motocicletas, según información oficial, se desarrollará hasta diciembre y contempla un costo de trámite de 1,380 pesos, suspensión temporal de entrega de placas y la promesa de certeza jurídica para usuarios, así como un mejor control vehicular en caso de robo o accidente. Sin embargo, los ciudadanos señalaron que, en la práctica, los trámites se han convertido en un calvario burocrático que afecta principalmente a adultos mayores, personas con discapacidad y gestores que asisten a terceros.
Entre las irregularidades reportadas se incluyen fallos en el sistema de citas en línea, filas de hasta 14 horas sin acceso a servicios básicos, maltrato verbal y psicológico, y cambios discrecionales en los requisitos de ventanilla. Además, Sefiplan ha rechazado el uso de cartas poder, instrumento legal válido para representar a terceros en trámites administrativos, afectando a quienes no pueden acudir personalmente.
Los denunciantes detallaron antecedentes de los funcionarios señalados: Lisbeth Cristina Neri García ha sido acusada de violencia laboral, maltrato a contribuyentes y uso indebido de fuerza pública; Israel Octavio Caballero de la Rosa enfrenta señalamientos por acoso laboral, tráfico de influencias y persecución institucional, y respalda nombramientos que, según los manifestantes, perpetúan prácticas arbitrarias.
Los afectados demandan, la restitución del derecho a cartas poder, condiciones dignas de espera para adultos mayores y personas con discapacidad, y la garantía de un servicio público transparente, ágil y conforme a la norma oficial. La protesta marcó también el inicio de la campaña ciudadana en redes sociales con el objetivo de visibilizar abusos y promover la rendición de cuentas.
Los ciudadanos insistieron en que la gobernadora Rocío Nahle intervenga para garantizar que las políticas públicas no se conviertan en mecanismos de exclusión ni en fuentes de inseguridad jurídica, y advirtieron que el trámite de emplacamiento ha dejado de ser un procedimiento administrativo para convertirse en un reflejo de la crisis de atención ciudadana en Veracruz.
