

Redacción Bitácoras Políticas | Xalapa, Ver. | 09 Sep 2025
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz (TSJEV), Rosalba Hernández Hernández, aseguró que la impartición de justicia no se detendrá en la entidad, aun con la presencia de jueces interinos y la reorganización administrativa que actualmente atraviesa el Poder Judicial.
En entrevista, Hernández Hernández explicó que los espacios no pueden permanecer vacantes, por lo que es necesario designar suplencias en caso de ausencia o incapacidad de los titulares. “Tiene que nombrarse a una persona que sea titular, entonces no se puede dejar vacío el espacio. ¿Quién va a despachar, quién va a hacer las resoluciones? Necesariamente tiene que resolverse, es una cuestión netamente administrativa”, afirmó.
La magistrada reconoció que existen casos de jueces interinos, entre ellos uno que enfrenta problemas de salud, situación que obliga a mantener la cobertura institucional. A nueve días de haber asumido la presidencia del Tribunal, informó que aún no ha recibido denuncias formales de trabajadores, aunque se encuentra en proceso de revisión de expedientes y reorganización administrativa, derivada de adscripciones y reubicaciones de personal judicial.
“Habrá que esperar al menos un mes para tener un panorama más claro”, puntualizó, al tiempo que aseguró no haber detectado irregularidades hasta el momento. No obstante, reiteró que se dará trámite a cualquier denuncia formal que llegue a su oficina.
La presidenta del TSJEV subrayó que su mayor desafío será garantizar un acceso real y efectivo a la justicia para la ciudadanía, en particular para los sectores históricamente marginados. En este sentido, advirtió que en comunidades indígenas se han identificado casos de personas privadas de la libertad sin que se les haya respetado el debido proceso.
“Hay mucho indígena indefenso que está en las cárceles cumpliendo con las normas de la ley, pero sin que se haya llevado correctamente su proceso”, señaló.
Ante esta situación, adelantó que se revisarán expedientes y se impulsará la formación de intérpretes y traductores judiciales, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, el Congreso local, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
Hernández Hernández concluyó que este proceso de revisión será gradual, pero confió en que pronto podrá informar avances concretos en la atención de estos casos.