

Xalapa, Ver. - Trabajadores y familiares piden intervención de autoridades ante maltrato a adultos mayores y violaciones laborales /
Redacción Bitácoras Políticas | Xalapa, Ver. | 31 Ago 2025
El Asilo Mariana Sayago enfrenta denuncias por presuntas irregularidades administrativas y maltrato a residentes y empleados bajo la gestión de la directora María Fernanda Beltrán García y la administradora Sara del Rosario Portilla Cano. Los señalamientos incluyen desvío de recursos, abusos de autoridad, trato preferencial a familiares y despidos arbitrarios.
De acuerdo con testimonios de trabajadores y observadores internos, la situación compromete tanto la salud y dignidad de los adultos mayores como la estabilidad laboral del personal. Entre los hechos denunciados se encuentran la extracción de insumos alimenticios, la compra de víveres a sobreprecio a proveedores vinculados a la administración, la presencia de “aviadores” en la nómina y el hostigamiento laboral hacia empleados con mayor antigüedad.
Según los reportes, Héctor Noé Portilla, familiar de la administradora, ingresa y sale del inmueble sin cumplir horarios ni medidas de control, mientras que en la cocina se instruye preparar alimentos especiales para los directivos, en contraste con menús repetitivos para los residentes. Testigos afirman haber visto al mismo familiar cargando víveres en el vehículo de la administradora.
La situación se agravó el 27 de agosto, cuando la señora Patricia Luna fue retirada del asilo pese a encontrarse recién accidentada y sin condiciones para valerse por sí misma. Un día después, la residente Elvira fue llevada a un café para evitar que manifestara inconformidades durante un acto público con la presencia del Secretario de Salud.
El personal denunció además despidos injustificados. El 28 de agosto fueron separados de su cargo un nutriólogo, dos enfermeras y un trabajador administrativo. Actualmente, una sola enfermera cubre labores correspondientes a dos, lo que repercute en la atención a los adultos mayores. Paralelamente, empleados cercanos a la administración laboran sin portar uniforme, mientras que al resto se les sanciona por incumplimientos menores.
En la nómina aparece la ciudadana Berenice Jácome, señalada como “aviadora”, y el chofer particular de la directora, registrado como empleado formal de la institución. Estas prácticas, según los denunciantes, reflejan corrupción administrativa.
Trabajadores también acusan acoso laboral por parte de Sagrario Liz y Víctor Hugo Vargas Salinas, quienes, aseguran, ejercen presiones y hostigamiento constantes. La responsable de recursos humanos ha sido señalada por trato irrespetuoso, lo que contribuye al deterioro del ambiente laboral.
Las denuncias dibujan un panorama de abuso de autoridad y mal manejo de recursos públicos en una institución dedicada al cuidado de adultos mayores. Ante la gravedad de los señalamientos, empleados y familiares de residentes solicitaron la intervención inmediata de las autoridades estatales y municipales para garantizar la salud, seguridad y dignidad de los internos, así como el respeto a los derechos laborales del personal.
El caso evidencia la necesidad de fortalecer la supervisión pública en centros de atención a personas mayores, un sector particularmente vulnerable que requiere trato digno y políticas de protección efectivas.