

Redacción Bitácoras Políticas | Papantla, Ver. | 28 Ago 2025
La liberación de uno de los detenidos por el asesinato de la periodista María Elena Ferral, ocurrido el 30 de marzo de 2020 en el centro de Papantla, generó indignación entre familiares, colegas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión. Consideran que la resolución judicial representa un retroceso en la búsqueda de justicia y refuerza el clima de impunidad que rodea a los crímenes contra periodistas en Veracruz.
En posicionamientos públicos, familiares de la reportera y colectivos de prensa denunciaron que la decisión judicial envía un mensaje peligroso: “se puede asesinar a un periodista y no pasa nada”. La hija de la comunicadora, Fernanda de Luna Ferral, cuestionó: “¿En dónde está la justicia para María Elena Ferral?”.
Las organizaciones recordaron que desde el atentado, que provocó condena nacional e internacional, el proceso se ha caracterizado por irregularidades y retrasos. Subrayaron que, a más de cuatro años, no se han esclarecido plenamente los hechos ni se han procesado a todos los responsables materiales e intelectuales.
En un comunicado, colectivos y defensores de derechos humanos exigieron a las autoridades estatales y federales garantizar que no existan actos de corrupción ni irregularidades que obstaculicen la investigación. Asimismo, pidieron reforzar las líneas de indagación y proteger a periodistas y familiares que han enfrentado amenazas y hostigamiento por exigir justicia.
“El caso no se trata únicamente de una víctima, sino del derecho a la verdad y a la vida de todas y todos los periodistas en México”, señalaron en el documento. Recalcaron que la impunidad no puede convertirse en norma y que el asesinato de Ferral debe resolverse con total transparencia.
María Elena Ferral, reconocida corresponsal en la zona norte de Veracruz, fue atacada a balazos el 30 de marzo de 2020 y falleció horas después en un hospital. Su muerte generó la condena de organismos internacionales y puso en evidencia la situación de riesgo que enfrentan quienes ejercen el periodismo en el estado.