

Redacción Bitácoras Políticas | Ciudad de México | 08 Ago 2025
El Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en coordinación con legisladores federales, trabajan en el anteproyecto de la ley reglamentaria del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta iniciativa busca desarrollar y garantizar plenamente los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas reconocidos en la Carta Magna.
El anteproyecto establece mecanismos para asegurar la consulta previa, libre e informada, así como la participación efectiva de estos pueblos en la toma de decisiones que les afectan, incluyendo la formulación de políticas públicas y proyectos de desarrollo. La ley también contempla el reconocimiento de la autonomía indígena y la validación de sus sistemas normativos, siempre dentro del respeto a los derechos humanos y la dignidad de las mujeres.
Entre los puntos clave destacan la garantía de consulta y participación, la preservación y manejo de territorios y recursos naturales, y la eliminación de la discriminación estructural que históricamente ha afectado a estas comunidades. Se busca promover la igualdad y respeto a la diversidad cultural dentro del marco constitucional.
El artículo 2 de la Constitución reconoce el carácter pluricultural, multiétnico y plurilingüe de la nación mexicana, así como los derechos específicos de los pueblos indígenas y afromexicanos. La ley reglamentaria tiene como objetivo materializar esos derechos, asegurando su ejercicio efectivo y la inclusión plena de estas comunidades en la vida nacional.
La magistrada Rosalba Hernández Hernández, del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, destacó la importancia de esta iniciativa: “Trabajamos de la mano con el Consejo Nacional y legisladores para sumar esfuerzos en la lucha por el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas y afro. Hasta que la dignidad se haga costumbre”.
La aprobación de esta ley es considerada fundamental para superar la marginación histórica y construir una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva. Los impulsores subrayan que la iniciativa fortalecerá la participación indígena y afromexicana en todos los ámbitos y garantizará el respeto a su autonomía y tradiciones, bajo los principios constitucionales y de derechos humanos.
Para información precisa y actualizada, se recomienda consultar directamente el anteproyecto y fuentes oficiales, ya que el análisis presentado se basa en documentos públicos y declaraciones de los actores involucrados.