Redacción Bitácoras Políticas | Veracruz, Ver. | 06 Ago 2025
La administración municipal encabezada por Patricia Lobeira Rodríguez enfrenta señalamientos por un presunto daño patrimonial de 61.7 millones de pesos, derivado de las cuentas públicas de 2022 y 2023, según documentó el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS). Las irregularidades incluyen adjudicaciones sin licitación, apoyos sin sustento legal, compras irregulares y pagos injustificados.
La cifra podría aumentar al concluir la revisión de los ejercicios fiscales 2024 y 2025. El ORFIS estará facultado para promover denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado (FGE), la cual tendrá la obligación de darles curso legal.
Entre los casos destacados se encuentra el contrato con Wardenclyffe Veracruz Puerto, S.A.P.I. de C.V., concesionaria del alumbrado público, a la que el Ayuntamiento transfirió más de 25 millones de pesos por "bonificaciones" sin sustento contractual ni evidencia de ahorro ante la CFE. Además, se detectaron pagos por encuestas sin reportes mensuales, arrendamientos vehiculares sin bitácoras, y erogaciones por obras inconclusas.
En 2023, las observaciones del ORFIS ascendieron a más de 23 millones de pesos. Destaca la contratación por más de 21 millones para el Carnaval de Veracruz, sin licitación ni concursos, lo que contraviene la normatividad vigente. La empresa beneficiada está vinculada a redes familiares de la alcaldesa.
El informe también apunta a deficiencias en el control interno del Ayuntamiento y falta de cumplimiento en los expedientes técnicos, lo que incrementa la vulnerabilidad del municipio ante el uso discrecional de recursos. Los hallazgos fueron clasificados como daño patrimonial al no haber sido solventados por la administración.
Este patrón de presuntas irregularidades recuerda lo observado durante el gobierno anterior de Fernando Yunes Márquez, cuyas cuentas acumulan denuncias penales por más de 103 millones de pesos, actualmente en espera de resolución judicial.
De comprobarse los hechos, el caso de Patricia Lobeira podría derivar en responsabilidades administrativas y penales. El seguimiento estará en manos del ORFIS y de la FGE. Por su parte, la administración entrante, encabezada por Rosa María Hernández Espejo, deberá auditar a fondo el estado financiero que recibe.
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