Redacción Bitácoras Políticas | Xalapa, Ver. | 31 Jul 2025
La noche del miércoles 30 de julio, alrededor de las 20:00 horas, una trabajadora del Centro de Justicia para las Mujeres de Veracruz (CEJUM), identificada como Mariana “N.”, presuntamente en estado de ebriedad, provocó una serie de accidentes vehiculares desde el Viaducto del Parque Juárez en esta capital. A pesar de que hubo personas lesionadas y múltiples daños materiales, el perito de Tránsito del Estado que acudió al lugar ha sido acusado de omitir el protocolo, intimidar a un abogado presente y favorecer a la funcionaria, quien fue liberada sin cubrir los daños.
De acuerdo con el testimonio de una de las personas afectadas, el agente de Tránsito evitó enviar al corralón la camioneta de la conductora, ignoró la presencia de lesionados y no solicitó el apoyo de los servicios de emergencia. Además, habría amenazado con detener a un abogado que llegó para auxiliar a las víctimas, exigiéndole que abandonara la escena junto con los demás ciudadanos.
“Se portó de manera prepotente y nos dijo que moviéramos nuestros vehículos, sin haber hecho el peritaje correspondiente ni atender a los heridos”, relató un testigo que pidió mantener el anonimato por temor a represalias.
Según el reporte ciudadano, la supuesta trabajadora del CEJUM golpeó a una oficial de Tránsito luego de haber intentado sobornarla, hecho que habría motivado su traslado a los separos de San José. Sin embargo, fue liberada horas más tarde sin que se le fincaran responsabilidades penales ni administrativas, lo que ha generado indignación entre las personas afectadas.
Ni la Secretaría de Seguridad Pública ni la Dirección General de Tránsito del Estado han emitido postura oficial sobre los hechos. Tampoco el CEJUM, a cargo de Pamela Alejandra Ortega Medina ha ofrecido información sobre la situación legal o laboral de la funcionaria señalada.
Según el Artículo 135 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz: La Dirección pondrá a disposición del fiscal competente a la persona que al conducir un vehículo automotor, en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o sustancias tóxicas, hubiere causado daños a terceros por ese motivo o que, encontrándose en condiciones normales, hubiere provocado alguna de las lesiones previstas en las fracciones III, IV, V y VI del artículo 137 del Código Penal para el Estado, o la muerte. que, ante la existencia de lesionados y una posible conducción en estado etílico, el protocolo establece la obligación de asegurar el vehículo, practicar pruebas de alcoholemia, solicitar atención médica y preservar la escena para deslindar responsabilidades.
Organizaciones civiles y abogados independientes han exigido una investigación imparcial y transparente, así como sanciones tanto para la funcionaria responsable como para el perito, en caso de confirmarse las omisiones señaladas. “No se puede permitir que el aparato de justicia sirva para proteger a quienes lo integran, mucho menos cuando se trata de instituciones que deberían atender y proteger a las víctimas”, expresó una activista del Observatorio Ciudadano de Justicia con Perspectiva de Género.
Los afectados evalúan interponer denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado y la Contraloría Interna de la Secretaría de Seguridad Pública.
