Xalapa, Ver. - Más de 30 planteles operan en condiciones precarias tras no recibir el porcentaje que les corresponde de las tiendas escolares; solicitan intervención directa de la gobernadora. /

Redacción Bitácoras Políticas | Xalapa, Ver. | 25 Jul 2025

Julio Muñoz Díaz, jefe de sector de escuelas secundarias técnicas en Veracruz, denunció este jueves que al menos 30 planteles enfrentan precariedad operativa debido a la falta de entrega de recursos económicos que les corresponden por ley, derivados del funcionamiento de las tiendas escolares. La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), dijo, no ha canalizado dichos fondos desde agosto de 2024, y en algunos casos solo ha entregado montos parciales.

En conferencia de prensa, el funcionario explicó que, según la normatividad vigente, el 70% de los ingresos generados por las tiendas escolares debe destinarse al mantenimiento y operación de las escuelas, mientras que el 20% corresponde al personal de supervisión técnica pedagógica. “Estos recursos no han llegado, y las escuelas están subsistiendo con aportaciones voluntarias de padres de familia, lo cual no es sostenible”, advirtió.

La falta de estos fondos ha generado deudas en varias instituciones educativas y pone en riesgo tanto el funcionamiento básico como la calidad del servicio que se ofrece al alumnado. Muñoz Díaz detalló que se han hecho gestiones reiteradas ante autoridades educativas, pero hasta la fecha no han obtenido respuesta formal. Por ello, anunció que será entregado un oficio dirigido a la gobernadora Rocío Nahle García para solicitar su intervención.

El jefe de sector sostuvo que esta omisión representa una falta de respeto hacia la labor del personal docente y de toda la comunidad escolar. No obstante, reiteró la disposición de los directivos a entablar diálogo y encontrar una solución institucional que garantice el funcionamiento de las escuelas en condiciones dignas.

En relación con la postura del gobierno estatal, Muñoz Díaz reconoció que existe apertura para revisar el marco normativo que regula la administración de estos recursos, con la posibilidad de que las escuelas tengan mayor autonomía en su manejo. Sin embargo, precisó que hasta el momento no hay un mecanismo definido para resolver el adeudo actual ni un calendario claro de pagos.

El reclamo, que involucra a planteles distribuidos en distintas regiones del estado, pone en evidencia un problema estructural de transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos destinados a la educación básica. La comunidad educativa confía en que la gobernadora tome cartas en el asunto y restablezca el flujo de recursos conforme a lo estipulado por la ley.