Redacción Bitácoras Políticas | Xalapa, Ver. | 25 Jul 2025
Transportistas de todo el estado de Veracruz rechazaron el nuevo ajuste a la tarifa del transporte público de 27 pesos, al considerar que la medida fue impuesta de manera unilateral por el gobierno estatal sin cumplir con los mecanismos legales de consulta y sin considerar los costos reales del servicio. En conferencia de prensa, líderes del gremio exigieron una mesa de diálogo urgente con la gobernadora Norma Rocío Nahle, a fin de revisar la decisión y evitar una crisis en el sector.
Aunque sostuvieron reuniones previas con el secretario de Gobierno y el secretario de Seguridad Pública, los representantes de los transportistas se dijeron sorprendidos al conocer públicamente la tarifa oficial, la cual –afirman– no responde a la realidad económica que enfrentan los concesionarios. Según señalaron, el ajuste fue determinado únicamente con base en el índice inflacionario, ignorando el incremento sostenido en gasolina, refacciones y mano de obra.
“El precio del combustible ha aumentado más del 350% desde 2002. A eso se suma el alza en piezas, mantenimiento y salarios. Esta tarifa simplemente no es viable”, afirmó uno de los dirigentes presentes. Agregó que la Ley Estatal de Transporte obliga a que las tarifas respondan al equilibrio entre inversión, operación y servicio, lo cual no se está cumpliendo.
Datos de la Alianza de Transportistas indican que en Xalapa operan más de 12 mil taxistas, y entre 70 mil y 90 mil en todo el estado. Todos ellos se ven impactados por una tarifa que, según sus voceros, compromete la sostenibilidad de su actividad. Además, varios concesionarios han comenzado a interponer amparos individuales para poder mantener la tarifa anterior, ya que la vía colectiva no procede legalmente.
“No se puede imponer una política de austeridad a quienes apenas sobreviven. Esta medida no sólo afecta a los transportistas, sino también a nuestras familias”, señaló un dirigente, quien reiteró que están abiertos al diálogo, pero no descartarán movilizaciones si el gobierno no los escucha.
Los inconformes subrayaron que el procedimiento para fijar nuevas tarifas exige la intervención de los comités técnicos establecidos en la legislación, los cuales no fueron convocados. Asimismo, solicitaron que las decisiones se basen en diagnósticos técnicos reales y no en criterios administrativos ajenos al sector.
El llamado final fue a la gobernadora Nahle para que intervenga directamente en la búsqueda de acuerdos. “No pedimos privilegios, sino que se nos escuche y se respeten los mecanismos legales. Este sector mueve al estado y merece ser tratado con seriedad”, concluyó uno de los representantes.
