Xalapa, Ver. - La Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo capítulo Veracruz alerta sobre casos en los que funcionarias usan mecanismos legales para silenciar voces críticas desde el periodismo. /

Redacción Bitácoras Políticas | Xalapa, Ver. | 17 Jul 2025

A cinco años de la entrada en vigor del marco legal federal que sanciona la violencia política contra las mujeres en razón de género, el Capítulo Veracruz de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo alertó sobre un fenómeno preocupante: el uso instrumental y punitivo de esta legislación para censurar el ejercicio periodístico y coartar la libertad de expresión en contextos políticos.

En un pronunciamiento público, la organización reconoció los avances legales desde la aprobación en abril de 2020 del paquete de ocho leyes que conforman esta protección, pero advirtió que funcionarias en el poder estarían empleando estos recursos no para defenderse de agresiones, sino para silenciar críticas legítimas emitidas por periodistas y medios digitales. Casos recientes en Veracruz y otras entidades federativas muestran una tendencia que, de consolidarse, podría vulnerar tanto el derecho a la información como la lucha legítima por la equidad de género.

La red enfatizó que el marco legal, surgido tras la reforma constitucional de paridad en 2014 y finalmente aprobado en 2020, contempla 22 conductas sancionables como violencia política por razón de género. Entre ellas, se incluyen expresiones mediáticas que busquen denostar, despolitizar o desacreditar a mujeres por su participación pública. Sin embargo, según la organización, se han registrado denuncias por parte de figuras políticas con poder institucional contra periodistas cuyas publicaciones no constituyen ataques, sino cuestionamientos informados.

Uno de los ejemplos citados ocurrió en Veracruz, donde los periodistas Elfego Riveros, Ángel Camarillo e Isabel Ortega fueron obligados a retirar publicaciones, emitir disculpas públicas e incluso pagar multas por difundir información crítica sobre autoridades locales. En otras entidades, como Tamaulipas, Sonora, Puebla y Campeche, periodistas como Héctor de Mauleón, Karla Estrella, Ruby Soriano y Jorge González han enfrentado procesos similares impulsados por mujeres que ocupan altos cargos públicos, muchas veces sin consecuencias legales cuando se revierte la violencia desde el poder.

La Red subrayó que este uso del marco legal desvirtúa el objetivo original de la ley, que fue pensada para proteger a las mujeres que enfrentan violencia política estructural y sistemática, especialmente en entornos intrapartidarios donde persiste el androcentrismo. En Veracruz, por ejemplo, continúa sin armonizarse la legislación local con el marco federal, lo que complica el acceso real a la justicia para las víctimas, particularmente cuando se trata de militantes o candidatas en formación.

Actualmente, Veracruz se mantiene como la segunda entidad con mayor número de personas sancionadas en el Registro Nacional por violencia política de género, con 55 casos confirmados. Sin embargo, la Red señaló que pocas mujeres denuncian al interior de sus partidos, por temor a represalias o a que sus señalamientos sean ignorados. Por ello, consideraron positivo que cada vez más funcionarias acudan a instancias formales, aunque subrayaron que estas herramientas no deben usarse para blindarse de la crítica pública legítima.

“Los recursos legales por los que luchamos son para proteger a las víctimas, no para que desde el poder se utilicen contra quienes resultan incómodos”, afirmó la organización. Agregaron que esta distorsión puede tener efectos nocivos para toda la sociedad, pues en lugar de reducir la violencia de género, la banaliza y abona a la desconfianza en las instituciones.

En su mensaje final, hicieron un llamado firme a no confundir la protección de derechos con la restricción de libertades: “El patriarcado no nos concede nada. Nos cobra caro cada avance. Hoy pretende cobrarnos censurando con una ley noble, pero mal utilizada. No a la censura bajo el argumento de violencia política. Avancemos en derechos, sin perder libertades”.