Xalapa, Ver. - Acusan a diputado Diego Castañeda de defraudar a empresarios que lo apoyaron en campaña /

Irineo Pérez Melo | Xalapa, Ver. | 16 Jul 2025

Empresarios veracruzanos denunciaron al diputado local morenista Diego Castañeda Aburto por presunto incumplimiento de compromisos adquiridos durante el proceso electoral de 2024. De acuerdo con los testimonios recabados, el legislador ofreció contratos, espacios de poder y respaldo político a cambio de apoyos económicos, materiales y logísticos durante su campaña. Hoy, afirman, ignora esos acuerdos y evita cualquier contacto con quienes lo respaldaron.

Los afectados —quienes solicitaron el anonimato por temor a represalias— sostienen que Castañeda Aburto utilizó su supuesta cercanía con la ahora gobernadora Rocío Nahle García como garantía para ganarse su confianza. Bajo esa narrativa, aseguran, accedieron a aportaciones que incluyen dinero en efectivo, vehículos, personal y otros recursos materiales. “Nos decía que estaba en línea directa con la gobernadora y que cuando asumiera un cargo de poder, respondería con creces”, declaró uno de los denunciantes.

En ese entonces, el legislador prometía ser designado presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, desde donde —según sus propias palabras— cumpliría los compromisos adquiridos. Sin embargo, al quedar al frente de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia, su discurso cambió. Los denunciantes afirman que entonces comenzó a promover la idea de que pronto sería nombrado Fiscal General del Estado, posición que usaría para “salir a mano”.

Durante este tiempo, los empresarios aseguran haber presenciado una escalada en las exigencias del diputado, incluyendo nuevas solicitudes de favores, uso de vehículos de alta gama sin acreditar propiedad, y en al menos una ocasión, la entrega de dinero en efectivo, hecho que habría sido captado en una imagen que circula entre algunos de los involucrados.

Fuentes cercanas estiman que el legislador habría recibido más de nueve millones de pesos en aportaciones de diversos empresarios, muchos de los cuales hoy se sienten engañados. “A los que tienen poder para presionarlo les ha cumplido. Pero a los pequeños y medianos, simplemente los ignora. No contesta llamadas ni recibe a nadie”, denunció otro de los afectados.

La gravedad del caso radica en el uso reiterado del nombre de la gobernadora Rocío Nahle para solicitar apoyo y proyectar influencia. “Es posible que la mandataria desconozca completamente estas maniobras. Pero su nombre fue usado como aval moral y político para cometer estos abusos”, afirmaron.

Hasta el momento, el diputado Castañeda Aburto no ha emitido una declaración pública sobre los señalamientos. Tampoco existe registro de que alguna autoridad haya iniciado investigación formal, aunque los empresarios valoran interponer denuncias legales si no reciben respuesta institucional.

El caso pone en entredicho la transparencia en el ejercicio del poder y el uso de campañas políticas como plataforma para acuerdos opacos. Los empresarios llaman a que se sancione la simulación y el tráfico de influencias, y advierten sobre los riesgos de que actores con conductas cuestionables aspiren a cargos de mayor responsabilidad, como la titularidad de la Fiscalía General del Estado.