Xalapa, Ver. - El caso del periodista Héctor de Mauleón y El Universal evidencia una tendencia creciente: el uso de la violencia política de género como herramienta para silenciar investigaciones de interés público /

Redacción Bitácoras Políticas | Xalapa, Ver. | 15 Jul 2025

El periodista Héctor de Mauleón y el diario El Universal fueron sancionados por el Instituto Electoral de Tamaulipas bajo el argumento de violencia política de género, tras la publicación de una columna que vincula a una magistrada con un presunto líder huachicolero. La decisión ha encendido las alarmas en el gremio periodístico, al considerarse un uso indebido de mecanismos legales diseñados para proteger los derechos de las mujeres, pero que, en este caso, derivaron en una medida que restringe la libertad de expresión.

La columna en cuestión, titulada “Huachicol y poder judicial en Tamaulipas”, fue publicada el 1 de mayo de este año. En ella, De Mauleón expone una relación familiar entre la magistrada Tania Contreras y un presunto delincuente. Según el periodista, se trata de información de interés público, verificada y libre de expresiones discriminatorias. Sin embargo, Contreras presentó una queja ante la autoridad electoral, argumentando violencia política de género, sin desmentir los hechos, pero calificando a De Mauleón como “pseudoperiodista”.

El Instituto Electoral resolvió en su contra, ordenando eliminar la publicación de todas las plataformas digitales, inscribir tanto al periodista como al medio en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género por un periodo de cuatro años, exigir disculpas públicas y tomar cursos obligatorios sobre perspectiva de género.

Ante la resolución, El Universal manifestó su negativa a retirar la columna: “Que nos metan a la cárcel si quieren, pero no vamos a retirar la columna”, publicó en su editorial. El medio consideró que la decisión representa un golpe a la libertad de expresión y un uso faccioso de las instituciones democráticas.

Organizaciones de defensa de la libertad de prensa han advertido que el caso de Tamaulipas no es aislado. En Veracruz, por ejemplo, al menos once periodistas han sido sancionados por motivos similares, sin que sus medios los respalden. Estos casos han generado preocupación por un patrón emergente que convierte a los reporteros en objetivos de censura legal cuando sus investigaciones tocan intereses de poder.

De acuerdo con especialistas en libertad de expresión, existe el riesgo de que los instrumentos legales para proteger a grupos vulnerables se transformen en mecanismos de censura cuando se aplican sin criterio o sin respeto al principio de veracidad, afectando directamente el ejercicio periodístico y el derecho de la ciudadanía a estar informada.

El debate no gira en torno a la validez de las leyes para proteger a las mujeres, sino en la necesidad de evitar que dichas normas sean utilizadas como pretexto para impedir la investigación y la denuncia pública, especialmente en temas relacionados con corrupción, nepotismo o crimen organizado.

Periodistas y medios de comunicación independientes han comenzado a articularse para exigir que las instituciones responsables de aplicar sanciones actúen con imparcialidad y con respeto al marco constitucional. La preocupación principal es que el periodismo crítico quede atrapado entre la autocensura y la amenaza legal.

En este contexto, diversas voces del gremio periodístico han llamado a construir un frente común que defienda la labor de informar con rigor y responsabilidad, sin importar si los personajes señalados son hombres o mujeres. La libertad de expresión, afirman, no debe ser condicionada ni limitada por intereses políticos ni por lecturas sesgadas de género.