

Xalapa, Ver. - La Comisión exhorta a autoridades de los tres niveles de gobierno a respetar el trabajo periodístico y advierte sobre el uso desproporcionado de legislación contra comunicadores. /
Redacción Bitácoras Políticas | Xalapa, Ver. | 11 Jul 2025
La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) manifestó este jueves su rechazo firme y categórico ante cualquier resolución, medida o acto por parte de autoridades judiciales o administrativas que vulnere el derecho fundamental a la libertad de expresión en Veracruz.
El posicionamiento oficial fue emitido tras la solicitud del periodista Arturo Iakir Ángel Arellano Camarillo, del medio digital Al Calor Político, luego de que se dieran a conocer nueve sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra comunicadores veracruzanos, lo que ha encendido las alertas entre actores del gremio.
En un comunicado, la CEAPP calificó como inadmisible cualquier intento por restringir el ejercicio periodístico, y expresó su preocupación ante el uso reiterado y desproporcionado de la legislación en materia de violencia política en razón de género, cuando esta se aplica sin el debido contexto o sin garantías para la libertad de expresión.
“Limitar el ejercicio periodístico constituye, en esencia, un atentado contra la libertad de expresión. Su restricción injustificada debilita el debate público, obstaculiza el derecho a la información de la ciudadanía y pone en riesgo los pilares de la democracia”, subrayó la Comisión.
Asimismo, el organismo autónomo exhortó respetuosamente a las autoridades de los tres niveles de gobierno a actuar con responsabilidad y garantizar el libre ejercicio del periodismo, en un contexto en el que las y los comunicadores “cumplen un rol esencial como vínculo entre la sociedad y el poder público”.
La CEAPP también hizo un llamado al Congreso del Estado de Veracruz para revisar la legislación vigente, particularmente en lo relativo al uso de normas con impacto en el ejercicio periodístico, con el fin de fortalecer las garantías jurídicas para la protección efectiva del derecho a informar.
Este pronunciamiento se inscribe en una coyuntura sensible para el gremio periodístico en el estado, que continúa enfrentando entornos de riesgo, litigios desproporcionados y prácticas restrictivas que podrían minar el derecho a informar y ser informados.