Ciudad de México - El exgobernador de Morelos y actual diputado de Morena estará inscrito por 18 meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas; también deberá tomar un curso sobre derechos de las mujeres. /
Redacción Bitácoras Políticas | Ciudad de México | 11 Jul 2025
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó de forma definitiva una sentencia contra Cuauhtémoc Blanco Bravo, exgobernador de Morelos y actual diputado federal por Morena, por haber incurrido en violencia política en razón de género en contra de la exdiputada Juanita Guerra Mena.
En sesión pública realizada este miércoles, la Sala Superior del TEPJF ratificó que Blanco deberá ser inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política de Género por un periodo de 18 meses, además de tomar un curso especializado sobre derechos de las mujeres. La resolución, aprobada por mayoría, fue respaldada por la magistrada presidenta Mónica Soto y presentada por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.
El fallo deriva de una denuncia presentada por Guerra Mena, quien acusó al entonces gobernador de haberla excluido de forma sistemática de actos oficiales, pese a ser diputada federal. Entre los hechos denunciados destaca su exclusión de las reuniones de organización del desfile cívico-militar por el CCXI Aniversario del Rompimiento del Sitio de Cuautla, realizado en mayo de 2023, así como la negativa a instalar un templete previamente autorizado y la prohibición de acceso al palco principal, a pesar de haber recibido una invitación formal.
La resolución considera estos hechos como violencia simbólica y psicológica, tipificados en la legislación en materia de igualdad de género y acceso a la vida política de las mujeres en condiciones de equidad.
El exdirector de Logística del Gobierno de Morelos, Arturo César Millán Torres, también fue sancionado por su participación en los actos denunciados y deberá cumplir las mismas medidas formativas y de reparación simbólica.
Como parte del fallo, se instruyó al Congreso del Estado de Morelos analizar la posibilidad de imponer sanciones administrativas adicionales, conforme a sus atribuciones legales. Asimismo, el Instituto Nacional Electoral (INE) será el encargado de actualizar el registro público de personas sancionadas, un mecanismo diseñado para prevenir la reincidencia de actos que limiten los derechos político-electorales de las mujeres.
El TEPJF reiteró que estas decisiones se apegan a los principios de legalidad y equidad consagrados en la Constitución mexicana y los tratados internacionales en materia de derechos humanos y participación política de las mujeres.
