Xalapa, Ver. - De acuerdo con la Ley de Tránsito de Veracruz, estos servidores públicos no solo regulan el flujo vehicular, también protegen vidas y deben conducirse con legalidad, respeto y responsabilidad. /

Redacción Bitácoras Políticas | Xalapa, Ver. | 03 Jul 2025

En las calles de Veracruz, donde diariamente conviven peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas, el trabajo de las y los agentes de tránsito se vuelve fundamental para garantizar una movilidad ordenada y segura. Más que aplicar infracciones, su función —establecida en la Ley de Tránsito y Seguridad Vial del Estado de Veracruz— tiene un impacto directo en la vida cotidiana de millones de personas.

Según lo establece el artículo 25 de dicha ley, los agentes de tránsito, legalmente reconocidos como Policía Vial, tienen entre sus atribuciones el control, supervisión y regulación del tránsito, así como la prevención de accidentes, el auxilio en emergencias, el mantenimiento del orden y la aplicación de sanciones, todo bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, profesionalismo y absoluto respeto a los derechos humanos .

Su labor cobra especial importancia en zonas escolares, áreas de alta afluencia, eventos masivos y durante contingencias ambientales. No solo dirigen el tráfico, sino que intervienen para salvaguardar la integridad de personas vulnerables, como niñas y niños, personas con discapacidad o adultos mayores. En muchas ocasiones, su presencia representa la diferencia entre la seguridad y el caos vial.

Sin embargo, la ley también es clara en lo que respecta a su conducta. Están obligados a capacitarse de manera constante, someterse a controles de confianza, y abstenerse de aceptar cualquier pago en efectivo o soborno. El artículo 13 establece que el desempeño de estos agentes será evaluado periódicamente y quienes incumplan su deber enfrentarán sanciones administrativas o penales.

La sociedad, por su parte, demanda agentes viales honestos, empáticos y comprometidos con el bienestar colectivo. La confianza ciudadana se fortalece cuando el servicio público se ejerce con ética y sensibilidad. Una infracción explicada con respeto y legalidad genera más conciencia que una sanción impuesta con autoritarismo.

La ley también prevé mecanismos de defensa para la población. Cualquier persona sancionada puede recurrir al procedimiento administrativo correspondiente ante la autoridad competente, como lo marca el artículo 12, garantizando así el derecho a la defensa.

Revalorar el papel de las y los agentes de tránsito es urgente: su función no debe reducirse al estigma del castigo, sino entenderse como una tarea de protección social y convivencia cívica. Una ciudad segura comienza con calles en orden y servidores públicos capacitados, íntegros y cercanos a la ciudadanía.