Irineo Pérez Melo | Xalapa, Ver. | 27 Jun 2025
Dieciocho colectivos de familiares de personas desaparecidas y organizaciones civiles en Veracruz rechazaron públicamente el nombramiento de Lutgarda Madrigal Valdez como titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, al considerar que el proceso careció de legalidad, transparencia y participación ciudadana. La denuncia fue presentada en conferencia de prensa, donde se acusó a las autoridades estatales de traicionar la confianza de las víctimas al desoír sus propuestas y omitir criterios mínimos de consulta.
Las voceras Marisol Ramírez Calde y María Elena Gutiérrez, representantes de los colectivos firmantes, señalaron que el actual gobierno estatal incurrió en las mismas prácticas de opacidad que sus antecesores, agravando la crisis humanitaria de desapariciones forzadas. “De abril a la fecha se han documentado más de 40 nuevos casos de desapariciones, sumando ya alrededor de 140 mil personas desaparecidas en el país. No hay voluntad política para cambiar esta realidad”, enfatizaron.
El grupo de familias anunció la entrega de un documento dirigido a la gobernadora Rocío Nahle García, exigiendo que se haga pública la información faltante en torno al procedimiento de designación y que se revise integralmente la actuación de la Secretaría de Gobierno, encabezada por Carlos Juárez Gil, responsable de coordinar el proceso.
Anaís Palacios Hernández, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y acompañante de madres buscadoras, denunció que el gobierno no respetó el artículo 32 de la Ley 677 de Desaparición de Personas, al no permitir la participación real de las víctimas en las comparecencias previas al nombramiento. “Dos días antes del anuncio ya se sabía quién sería la comisionada. La comparecencia fue una simulación”, afirmó.
En la misma línea, Luiza Ronzón Montiel subrayó que aún están pendientes reformas sustanciales a la Ley 677 y a la Ley de Víctimas de Veracruz. Asimismo, lamentó la falta de respuesta institucional desde el pasado 5 de mayo, cuando se solicitó audiencia con el secretario de Gobierno, sin que hasta ahora haya un diálogo formal con la Dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos.
Los colectivos advirtieron que, más allá de posturas a favor o en contra de la persona designada, está en juego el respeto a los derechos de las víctimas y la legalidad del proceso. “Si el nombramiento se impone al margen de la ley, sin consulta ni escucha, lo que se envía es un mensaje claro: no hay espacio para el diálogo ni para la participación de las familias en la política de búsqueda”, concluyeron.
La gobernadora Nahle aún no ha emitido una postura oficial sobre estas exigencias ni ha hecho público el informe de evaluación que sustentaría la designación. Las organizaciones firmantes reiteraron su exigencia de que se rectifique el proceso y se garantice un nuevo nombramiento conforme a derecho y con legitimidad social.
Comisión Estatal de Búsqueda | Gobierno de Veracruz | Lutgarda Madrigal Valdez |
