Redacción Bitácoras Políticas | Veracruz, Ver. | 27 Jun 2025
A unos meses de concluir su mandato, la presidenta municipal de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez, presentó una propuesta para basificar a 32 empleados municipales, entre ellos familiares de funcionarios y recomendados políticos, lo que incrementaría aún más la ya abultada nómina que absorbe el 75% del presupuesto del Ayuntamiento. La propuesta será discutida este jueves en sesión de Cabildo, en medio de críticas por falta de transparencia y por posibles compromisos políticos con actores del PAN y Morena.
De acuerdo con documentos oficiales, la administración municipal pretende otorgar plazas definitivas a personal allegado a regidores, directores y funcionarios de la actual gestión, sin procesos públicos de evaluación ni justificación técnica. Esta medida implicaría una carga mensual de casi 4 millones de pesos, lo que impactaría directamente en el margen de maniobra financiera del gobierno entrante que encabezará Rosa María Hernández Espejo.
El listado de beneficiarios incluye a familiares directos de ediles panistas como Sonia Colorado Alfonso, Gabriela Aguirre Reva y Aurora Alvízar Guerrero; así como de morenistas como Sebastián Cano, Dolores Hernández Sarmiento, Virginia Roldán Ramírez y Lissethe Martínez Echeverría. También figuran nombres vinculados al llamado “Clan Yunes”, así como actuales titulares de dependencias como Gobernación, Tesorería, DIF y Comunicación Social.
Fuentes cercanas al Cabildo confirmaron que la propuesta fue elaborada de manera discreta y que la sesión para aprobarla se convocó con carácter urgente, aprovechando la cobertura mediática del Carnaval de Veracruz. El oficio enviado al secretario del Ayuntamiento, Sergio Cortina Ceballos, argumenta que los 32 trabajadores han demostrado “compromiso institucional”, aunque no se acompaña de dictámenes de desempeño, análisis presupuestales ni resoluciones del Comité de Recursos Humanos.
Actualmente, el Ayuntamiento de Veracruz cuenta con una nómina de más de 6,500 empleados, lo que representa un crecimiento del 100% respecto al inicio del trienio. El presupuesto anual del municipio ronda los 3 mil 400 millones de pesos, de los cuales más de 2 mil 500 millones se destinan a sueldos y prestaciones, dejando un margen limitado para inversión en obra pública, servicios o programas sociales.
Diversos sectores han señalado que esta acción constituye un intento por “amarrar” estructuras políticas y pagar favores antes de dejar el cargo, lo que compromete la capacidad de la próxima administración para reordenar el gasto. Voces cercanas al equipo de transición de la alcaldesa electa calificaron la iniciativa como una “traición institucional” y exigieron frenar cualquier basificación fuera de norma.
Especialistas en administración pública advierten que una basificación fuera de los parámetros legales podría ser anulada por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) o impugnada ante tribunales laborales, aunque el proceso sería largo y costoso para el municipio. La sesión está programada para este jueves 26 de junio y se prevé que se realice a puerta cerrada.
