Irineo Pérez Melo | Xalapa, Ver. | 25 Jun 2025
La Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz (SEFIPLAN), encabezada por Miguel Santiago Reyes Hernández, ha sido señalada por realizar contrataciones mediante adjudicación directa, presuntamente en contravención a lo estipulado por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado, según documentación oficial y testimonios de especialistas en contratación pública.
De acuerdo con copias de oficios obtenidas por este medio, entre ellos el documento DGA/2775/2025 firmado por la directora general de Administración, Beatriz Guillén Jiménez, se ha identificado un patrón en el cual las invitaciones para contratación se dirigen exclusivamente a comercializadoras, dejando fuera a empresas veracruzanas especializadas en los rubros licitados. Esta práctica limita la participación abierta y equitativa que exige la ley y podría vulnerar los principios de transparencia y legalidad.
Un caso particular se refiere a la contratación de seguros institucionales. Un oficio fechado el 26 de mayo de 2025, emitido por Silvia Mejía Zaragoza, titular de la Dirección General de Contrataciones Gubernamentales, instruye a la empresa Grupo Nacional Provincial S.A.B. para que el servicio del seguro del parque vehicular de SEFIPLAN sea canalizado exclusivamente a través de su representante en Xalapa, Nadia Ramírez Velázquez.
Según especialistas consultados, quienes solicitaron el anonimato, este procedimiento es irregular: “Las invitaciones para administrar pólizas deben dirigirse a los apoderados legales de las aseguradoras, no a intermediarios o agentes designados discrecionalmente”, advirtieron.
Ramírez Velázquez, quien se promociona en redes sociales como “empresaria en el sector asegurador” con más de diez años de experiencia, sería la única facultada para solicitar cotizaciones y definir con qué aseguradora contratar, lo cual genera opacidad y concentración de decisiones, según se desprende de los documentos. Esta situación, señalan expertos, podría configurar una ventaja indebida y dejar al margen la evaluación competitiva.
El presunto uso discrecional de cartas-asignación y designación de agentes preferentes en trámites de seguros abre un frente delicado en materia de integridad administrativa. Aunque hasta ahora no existe una postura oficial de la dependencia, se espera que las autoridades competentes revisen estos procedimientos y, en su caso, determinen las responsabilidades correspondientes.
En opinión de los especialistas, la gobernadora Rocío Nahle García tendría que intervenir para garantizar que los procesos de contratación pública se apeguen estrictamente a la legalidad, evitando prácticas discrecionales y asegurando condiciones de equidad y transparencia.
