Redacción Bitácoras Políticas | Xalapa, Ver. | 24 Jun 2025
Ciudadanos veracruzanos denunciaron públicamente una serie de presuntas irregularidades en juzgados familiares de la entidad, particularmente en casos relacionados con custodia de menores y pensiones alimenticias. La acusación fue presentada en rueda de prensa por Anselma Guadalupe Marín Jiménez, Alejandro Rafael Rivera Romero y Miguel Isaac Contreras Gómez, quienes sostienen que sus derechos, y los de sus hijos, han sido vulnerados por decisiones judiciales que consideran parciales y contrarias al interés superior de la niñez.
Durante sus intervenciones, los denunciantes señalaron a la jueza Blanca Míriam Herrera Fragoso y a la secretaria Laura Ostos como responsables de emitir resoluciones presuntamente guiadas por intereses económicos más que por criterios jurídicos objetivos. Afirmaron que las decisiones judiciales no han tomado en cuenta peritajes ni pruebas fundamentales, y acusaron falta de profesionalismo en la atención de sus casos.
Anselma Guadalupe Marín relató que ha enfrentado múltiples obstáculos para obtener la custodia de sus hijos y que la pensión alimenticia asignada ha sido insuficiente para cubrir sus necesidades. Además, expresó que durante el proceso legal ha tenido dificultades para presentar evidencia relevante, situación que calificó como arbitraria e injusta.
Alejandro Rivera y Miguel Contreras coincidieron en señalar que las resoluciones judiciales han sido inconsistentes, carentes de perspectiva de infancia y desprovistas de un enfoque ético. Denunciaron también la posible existencia de una red de corrupción que influiría en el manejo de estos casos, así como una preocupante falta de capacitación y supervisión dentro del sistema de justicia familiar.
Los ciudadanos hicieron un llamado a las autoridades estatales y federales para revisar de manera exhaustiva el funcionamiento de los juzgados familiares en Veracruz, especialmente aquellos que atienden casos sensibles que involucran a niñas, niños y adolescentes. Insistieron en que las reformas judiciales deben garantizar transparencia, imparcialidad y un enfoque centrado en los derechos humanos y la niñez.
Hasta el momento, las autoridades judiciales involucradas no han emitido un posicionamiento oficial respecto a los señalamientos. Los denunciantes anunciaron que continuarán visibilizando sus casos a través de medios de comunicación y plataformas ciudadanas, con el objetivo de evitar que más familias enfrenten procesos judiciales marcados por opacidad e injusticia.
