Redacción Bitácoras Políticas | Xalapa, Ver. | 19 Jun 2025
Con el objetivo de fortalecer la transparencia, reducir los riesgos de corrupción y garantizar una procuración de justicia más eficaz y con perspectiva de género, los diputados Elizabeth Morales García y Ramón Díaz Ávila, integrantes del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo (PT), presentaron ante el Congreso local una iniciativa de reforma al artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Veracruz.
La propuesta legislativa busca reducir de nueve a cuatro años el periodo del encargo del titular de la Fiscalía General del Estado, con posibilidad de una ratificación por parte del Congreso, y excluir de manera explícita a personas que hayan sido sentenciadas por violencia política contra las mujeres en razón de género para ocupar dicho cargo.
Durante la exposición de motivos, los legisladores advirtieron que la permanencia prolongada en la Fiscalía —como está actualmente establecido— puede generar redes de protección política, fomentar prácticas opacas y limitar la implementación de nuevas técnicas en la investigación de delitos. “Un mandato largo sin control adecuado da margen a la corrupción, la captura institucional y la desconexión con las demandas sociales”, subrayaron.
Asimismo, señalaron que la iniciativa se sustenta en el principio de progresividad de los derechos humanos y responde a las obligaciones internacionales adquiridas por México, como la Convención de Belém do Pará y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), las cuales exigen al Estado mexicano prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, incluida aquella ejercida desde el poder público.
Los promoventes también fundamentaron su propuesta en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, argumentando que permitir que personas con antecedentes judiciales por violencia política o de género ocupen cargos públicos vulnera gravemente los principios de legalidad, ética institucional y protección a los derechos humanos.
Detalles clave de la propuesta de reforma:
El cargo de Fiscal General del Estado duraría cuatro años, con posibilidad de ratificación por un periodo igual.
Se adiciona como requisito para ser titular de la Fiscalía el no haber recibido sentencia por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus tipos o modalidades.
El Congreso del Estado tendría facultades para resolver en caso de ausencia definitiva del titular, nombrando a un sustituto únicamente para concluir el periodo correspondiente.
Los diputados del PT afirmaron que esta medida responde a una exigencia ciudadana de contar con una Fiscalía autónoma, eficaz, imparcial y comprometida con los derechos humanos. “Lo que está en juego es la confianza pública en las instituciones encargadas de procurar justicia”.
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