21 de Diciembre de 2025
 
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México enfrentará evaluación internacional por violencia y discriminación contra las mujeres
El Estado mexicano comparecerá los días 17 y 18 de junio ante el Comité de la CEDAW en la ONU; organizaciones civiles exigen rendición de cuentas ante cifras alarmantes de feminicidios, criminalización del aborto y violencia contra defensoras

Ciudad de México - El Estado mexicano comparecerá los días 17 y 18 de junio ante el Comité de la CEDAW en la ONU; organizaciones civiles exigen rendición de cuentas ante cifras alarmantes de feminicidios, criminalización del aborto y violencia contra defensoras /

Redacción Bitácoras Políticas | Ciudad de México | 16 Jun 2025

El Estado mexicano será evaluado los próximos 17 y 18 de junio por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como parte del décimo examen periódico sobre el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos hacia mujeres, niñas y adolescentes. La comparecencia ocurre en un contexto crítico, marcado por altos niveles de violencia de género, impunidad y desigualdad estructural.


Organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) presentaron un informe independiente en el que documentan violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las mujeres, exigiendo acciones concretas y voluntad política para atender esta emergencia.


Según los datos presentados, de 2015 a abril de 2025, se han registrado 34,715 asesinatos de mujeres, niñas y adolescentes en México, de los cuales apenas el 24.6% han sido investigados como feminicidios. En estados con Alerta de Violencia de Género, como el Estado de México, Jalisco y Guerrero, la violencia persiste de forma alarmante. Tan solo en el Edomex, dos mujeres son asesinadas al día, pero menos de un tercio de los casos reciben la tipificación legal adecuada.


En materia de derechos sexuales y reproductivos, el informe denuncia rezagos graves. Aunque 24 entidades han reformado sus códigos penales para despenalizar el aborto en distintos grados, a nivel federal el delito sigue vigente. En el primer trimestre de 2025, se abrieron 218 carpetas de investigación contra mujeres que decidieron abortar, incluso en estados donde el procedimiento ya fue despenalizado. La Ley de Amnistía ha resultado ineficaz, con apenas una solicitud favorable desde su entrada en vigor.


El documento también subraya la violencia específica contra mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas. Entre 2018 y 2024, 39 defensoras fueron asesinadas y 4 permanecen desaparecidas, muchas de ellas indígenas y algunas incluso inscritas en mecanismos de protección. En el mismo periodo, 4 periodistas mujeres fueron asesinadas, según cifras de Artículo 19.


Sobre la trata de personas, el panorama es igualmente grave. A pesar de que el delito fue tipificado hace 18 años, México ocupa el tercer lugar mundial en su comisión y produce el 60% de la pornografía infantil a nivel global. Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, el 65% de las víctimas son mujeres y menores de edad. El 99% de los casos permanece impune, según el académico Juan Carlos Velázquez Elizarrás.


Como parte de sus esfuerzos de incidencia, las organizaciones impulsan la campaña “¿Es Tiempo de Mujeres?”, que interpela el discurso gubernamental con un llamado a la congruencia: “Si realmente es tiempo de mujeres, es tiempo de dejar de violar sus derechos y de cumplir con las recomendaciones internacionales para erradicar la violencia estructural.”


La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por México en 1981, es el tratado internacional más importante en materia de derechos de las mujeres. La evaluación del Comité de la CEDAW es vinculante para el Estado mexicano, que deberá responder por sus avances, rezagos y omisiones ante la comunidad internacional.


La sociedad civil, por su parte, reitera la urgencia de que el gobierno federal, los estados y municipios asuman su responsabilidad de garantizar una vida libre de violencia y discriminación para todas las mujeres, sin excepción ni simulación.

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