Redacción Bitácoras Políticas | Xalapa, Ver. | 13 Jun 2025
Con 45 votos a favor y sin oposición, el Congreso de Veracruz aprobó este jueves la reforma al Artículo 5 de la Constitución estatal, propuesta por la gobernadora Rocío Nahle García, mediante la cual se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público. La reforma garantiza su libre determinación, autonomía y el acceso directo a recursos públicos, además de su participación activa en la vida política, económica y cultural del estado.
El dictamen, avalado por unanimidad por la LXVII Legislatura en sesión ordinaria, armoniza la norma local con el Artículo 2° de la Constitución federal. Reconoce derechos fundamentales como la elección de autoridades internas, el uso preferente de recursos naturales, la preservación del patrimonio cultural y lingüístico, así como la protección de sus territorios y lugares sagrados. La iniciativa fue precedida por un proceso de consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada en seis regiones del estado, con la participación de autoridades indígenas y afromexicanas, avalado por instancias oficiales y especializadas.
Las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas y de las Comunidades Afrodescendientes coordinaron el proceso legislativo y dictaminaron la viabilidad de la propuesta. Participaron como observadores e impulsores del diálogo el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHV), la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas (Aveli), el Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas (Ivais) y diversas dependencias del Gobierno estatal.
El estado de Veracruz reconoce oficialmente a 2 mil 486 comunidades indígenas distribuidas en 106 municipios y 98 comunidades afromexicanas en 13 municipios, las cuales constituyeron la base poblacional consultada. Con la reforma, estas comunidades podrán gestionar directamente su presupuesto, crear sus propias normas internas y participar en los ayuntamientos bajo principios de paridad de género y respeto a su identidad cultural.
También se establece el derecho a la consulta previa ante cualquier medida legislativa o administrativa que pudiera impactar sus formas de vida o territorios. Se refuerzan los servicios de salud con inclusión de la medicina tradicional, el acceso a intérpretes y defensores en procesos judiciales, y se amplían las redes de comunicación y políticas públicas en favor de migrantes indígenas.
Durante la discusión, legisladoras y legisladores de todas las bancadas destacaron el carácter histórico de la reforma. La diputada Dulce María Hernández Tepole (Morena) la calificó como “una reivindicación de dignidad”; su homólogo Urbano Bautista Martínez (PVEM) la consideró un acto de justicia histórica, mientras que la diputada Luz Alicia Delfín Rodríguez (PAN) resaltó que empodera a las comunidades y preserva sus lenguas originarias.
Por el Partido del Trabajo, Elizabeth Morales García subrayó que la reforma les otorga personalidad jurídica y patrimonio propio, facultades necesarias para ejercer su autodeterminación. La legisladora María Elena Córdova Molina (MC) enfatizó que ahora corresponde al Estado cumplir y garantizar la aplicación efectiva de estos derechos en salud, vivienda y acceso al agua.
La reforma al Artículo 5 representa un avance legal y político en la construcción de una sociedad más justa, plural e incluyente, donde los pueblos originarios y afromexicanos dejan de ser considerados grupos vulnerables para asumir, en igualdad de condiciones, un papel protagónico en el desarrollo estatal.
